El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha eximido al Ayuntamiento de Ibi de indemnizar con 1.540.000 euros a la empresa mejor posicionada para adjudicarse la contrata local de basuras de 2012, que posteriormente sería descartada con un informe favorable del Consejo Jurídico Consultivo. La portavoz del Gobierno local Amparo Pina destacó que el fallo, que aún puede ser recurrido, habría supuesto un quebranto importante para las arcas municipales.

La contrata de las basuras viene de lejos y con mucha polémica. El anterior gobierno del PP de Mayte Parra licitó la contrata de las basuras para 25 años por un importe de 36 millones de euros, entre la indignación de los grupos de la oposición. Tras el proceso, el técnico municipal propuso una adjudicación y la Junta de Contratación, amparándose en un informe de la UA, otra distinta; concretamente, a Secopsa-Bluesa. Al final, el proceso no llegó a concretarse y, más tarde, el Consejo Jurídico Consultivo emitió un informe en el que validaba la anulación porque el procedimiento no había sido el adecuado.

Mientras el consistorio, bajo la batuta de Rafael Serralta, inició una nueva adjudicación que ya está vigente, la empresa que obtuvo el dictamen favorable de la Junta de Contratación demandó al Ayuntamiento, al considerarse perjudicada. En concreto, Secopsa-Bluesa pidió en los tribunales el pago de 1.540.000 euros como compensación, de los que 1,3 millones se corresponden por lucro cesante y el resto, al coste de las gestiones efectuadas durante el concurso.

Amparo Pina anunció ayer que el referido juzgado ha emitido un fallo en el que da la razón al Ayuntamiento, eximiéndose del pago de la indemnización, al entender que la liquidación del concurso fue correcta. No obstante, la sentencia aún podría ser recurrida ante el TSJ.

Esta resolución judicial pone punto y final, por ahora, a un asunto que resultó muy polémico en su día, sobre todo tras revelarse que en las grabaciones hechas al exconcejal del PP José Antonio Onsurbe -que está bajo investigación judicial por este tema- hablaba de «mojaditas» por esta operación.

Mientras tanto, el equipo de Serralta ha efectuado una nueva contrata, mucho más modesta desde el punto de vista económico. Si la primera planteaba 36 millones por 25 años, la de ahora tuvo un precio de partida de 5,13 millones por 10 años, pero en realidad es de 3,2 millones, por la baja que realizó Urbaser, la firma que finalmente se ha adjudicado el servicio, ya operativo. «De momento, todo va bien», indicó Pina.