El concejal de Urbanismo de Castalla, Juan Antonio Rico, esgrimió ayer unos informes de Suma para acreditar que sus empresas no mantienen ninguna deuda con el Ayuntamiento, en contra de lo que había denunciado el grupo municipal socialista. El edil, que afirma ser víctima de una campaña de difamación, remitió a la citada documentación para demostrar que los únicos valores pendientes de satisfacer todavía se encuentran en período de pago voluntario.

Tal y como se informó ayer, el grupo socialista denunció en el pleno municipal celebrado en la noche del miércoles que empresas constructoras de Juan Antonio Rico mantenían deudas de al menos 43.000 euros con el Ayuntamiento. El PSOE, en concreto, hacía referencia a un impago de 23.000 euros de Construcciones Rico Mira por el impuesto de construcciones, y otros que sumaban unos 20.000 euros de Hogares Castalla por diversos conceptos.

Por todo ello, los socialistas reclamaban la puesta en marcha de una comisión de investigación, que analizara si todas las sociedades que están o han estado vinculadas al concejal de Urbanismo se encuentran al corriente con los pagos a las arcas municipales.

Juan Antonio Rico salió ayer al paso de estas acusaciones, negando de forma rotunda que sus empresas mantengan alguna deuda con el Ayuntamiento. El concejal, en este sentido, esgrimió unos informes de Suma fechados en el día de ayer. En el caso de Hogares Castalla, sociedad con la que Rico asegura ya no mantiene ninguna relación, la documentación de la agencia tributaria señala que no tiene deudas pendientes. En lo que respecta a Construcciones Rico Mira y a Ricogest, los informes de Suma sí que hacen referencia a diversos conceptos, aunque se deja claro que se encuentran en período de pago voluntario y que no se ha llegado a la fase ejecutiva. «Por tanto -resaltó-, estoy en plazo para pagar y no debo absolutamente nada».

Rico afirmó estar siendo víctima de una campaña de difamación, a raíz de denunciar que la anterior alcaldesa, la socialista Gimeno, «recepcionó las obras de urbanización de las unidades situadas junto al polideportivo en contra de los informes técnicos», lo que en opinión del actual gobierno municipal, podría conllevar que el Ayuntamiento tuviese que asumir el enganche de la luz en lugar del urbanizador.

Rico, en cambio, sí reconoce haber construido un pequeño almacén en la citada zona sin licencia, «debido a que no me la podían dar precisamente porque las obras no están concluidas». Con todo, el edil también esgrimió un informe en el que se señala que la edificación es legalizable, en contra de la opinión de la agrupación de propietarios, que reclama la demolición.