El Ayuntamiento de El Campello estudia emprender acciones legales contra el exedil popular Vicente Rubio por la sentencia que condena a la Corporación a pagar 200.000 euros más IVA por un trabajo que encargó de forma verbal en 2010 para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El equipo de gobierno ha solicitado a los servicios jurídicos, a instancias de la oposición, un informe sobre las posibles responsabilidades del exconcejal de Urbanismo, por si fuera procedente adoptar acciones legales.

Esta medida salió de la comisión informativa que se celebró el pasado martes, en la que el cuatripartito dio a conocer a la oposición el contenido del fallo. Cs exigió al Consistorio que lleve a los tribunales a Rubio por esta contratación irregular en la que no se siguió ningún tipo de formalidad pese a lo elevado de su cuantía, y ante esta petición el PP señaló que lo primero debería ser pedir a los servicios jurídicos municipales un informe que valore esta situación, por lo que el equipo de gobierno aguardará a este dictamen, aunque el alcalde Benjamí Soler manifestó que no ve claro que pueda prosperar esta vía.

Gestión del PP

Soler explicó respecto a esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que «las decisiones se toman en nombre del Ayuntamiento, y cada decisión tienen consecuencias positivas o negativas, y ahora son negativas. Son ya varias las sentencias que han llegado en este sentido por hechos ocurridos en anteriores mandatos del PP pero que tienen repercusión en el actual, como los 1,3 millones que hemos tenido que pagar de más por el Parque Central, y la anulación del PGOU de 2011, cuyo coste es incalculable y por el que se han presentado reclamaciones patrimoniales millonarias. Además hay otros juicios pendientes por el parking de Els Furs o la piscina. Y nos llama poderosamente la atención que el PP nos haya calificado (al cuatripartito) como 'equipo de desgobierno', pero yo no logró encontrar calificativo para la nula gestión durante sus mandatos, y cuyas consecuencias nunca mejor dicho las pagamos ahora».

De cualquier forma Soler confirmó que se ha solicitado a instancias de Cs un informe jurídico sobre las posible responsabilidades legales que se puedan derivar de la actuación de Rubio.

Por su parte el portavoz de Cs, Julio Oca, insistió en que «el Ayuntamiento debe emprender acciones judiciales para aclarar la responsabilidad de Rubio, aunque no parece que el equipo de gobierno esté muy por la labor, no sé si tendrá algo que ver el hecho de que el Partido del Campello, que forma parte del mismo, fuera creado por el propio Rubio y cediera sus siglas para la marca blanca de Podemos». Y agregó que de todas formas el PP «conocía» el encargo verbal de Rubio.

Por su parte el portavoz del PP Juanjo Berenguer recordó que ya con él como alcalde se negaron a abonar esa factura, y agregó que aunque no se siguieron los trámites adecuados, el trabajo que se presentó no se ajustaba a lo que se había encargado, reiterando que tienen que ser los servicios jurídicos los que valoren si cabe pedir al ex concejal popular responsabilidades.

Por último el edil de EU Pedro Mario Pardo lamentó que «una vez más el Ayuntamiento se vuelve a ver salpicado por la nefasta gestión económica del PP, quien ha gobernado el municipio como un cortijo.Es irresponsable que el Consistorio realizara un contrato verbal con una empresa», por lo que espera que se realice un informe jurídico para valorar «posibles ilegalidades en la decisión adoptada por Rubio y exigir las responsabilidades que sean necesarias y que no asuma las consecuencias la ciudadanía».