La maquinaria para la compra de viviendas que se destinarán a alquiler social se pone de nuevo en marcha. El embrión de un parque de viviendas sociales en San Vicente del Raspeig vuelve a ser una posibilidad que a punto había estado de quedar en un mero proyecto. Ha pasado algo más de un mes desde el fracaso de la primera convocatoria y a pesar de la celeridad con la que se iniciaron los trámites para poner en marcha una nueva contratación, el tiempo ya corre pisando los talones a la nueva convocatoria.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba ayer la licitación para la adquisición de viviendas en San Vicente que se destinarán a alquiler social. Tres semanas después de que el Ayuntamiento volviera a aprobar la convocatoria y la redacción de un pliego de condiciones nuevo en un tiempo record.
Con el tiempo apremiando al contrato, a esta licitación se le ha dado un plazo más corto para que se presenten ofertas. Los interesados tienen 15 días naturales para vender su propiedad al municipio. Y finalizará el próximo 4 de diciembre.
En esta ocasión se ha hecho una intensa labor para dar a conocer el proyecto. La plataforma Stop Desahucios se ha volcado y ha hecho una labor de información y captación, ofreciendo asesoría y la documentación con todos los requisitos, para facilitar al máximo la tarea y sobre todo, evitar el rechazo de muchas personas a presentar cuantiosa documentación. Además de asesorar al Ayuntamiento para eliminar aspectos en el nuevo pliego como la obligación de tener amueblada la vivienda, algo que no será exigible hasta que la compra sea efectiva.
La semana pasada técnicos municipales de la Concejalía de Urbanismo se reunían con cinco inmobiliarias del municipio para explicarles en qué consiste el contrato y cómo pueden optar a vender alguna de las casas que gestionan al consistorio, una tarea algo más farragosa que cuando se produce entre particulares.
Por la tarde, los expertos hacían lo propio con vecinos. Algo más de una docena acudieron a escuchar lo que el ayuntamiento sanvicentero ofrece por sus casas. Un máximo de 80.000 euros, sin contar impuestos. Y en esta segunda licitación, con muchas más facilidades que impedimentos para lograr que se produzcan ofertas. Aunque algunas no han gustado a la oposición, como el hecho de que ahora no se exija a todas las viviendas que tengan ascensor, y sólo se pedirá a aquellas que se construyeron cuando ya era obligatorio instalar elevadores. Para los populares, este hecho es una incongruencia con una administración que exige y a la que se le debe exigir que todos sus servicios y edificios estén adaptados.
En el Ayuntamiento hay voces encontradas entre los más optimistas que consideran que en esta ocasión sí habrá vendedores; y otros que advierten de que los plazos están de por sí demasiado ajustados.
El Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 600.000 euros para este proyecto, que será el más cuantioso de este año; pero ello si logra invertirse. El dinero debe de gastarse durante este ejercicio para el motivo por el que fue destinado. De viviendas sociales fue el proyecto más votado en el proceso de presupuestos participativos, pero ha tardado en ponerse en marcha. Tanto que el fracaso de la primera convocatoria ha puesto en peligro este proyecto.
