Antes de que acabe 2017 deben de estar compradas las viviendas sociales que servirán para atender alquileres de renta baja a familias necesitadas de San Vicente del Raspeig. El Ayuntamiento sanvicentero está ultimando los trámites para que los 600.000 euros consignados dentro de los presupuestos participativos se inviertan en este proyecto que fue uno de los elegidos para su materialización. Serán entre «seis y diez» las viviendas que el tripartito (PSOE, Compromís y Guanyar) considera que podrá adquirir según explicaba el edil de Contratación, José Luis Lorenzo, cuya área se encarga, por orden de Alcaldía, de centralizar este importante proyecto para el municipio.
El Departamento de Arquitectura de Urbanismo ha hecho un estudio de mercado inmobiliario en el municipio para conocer el precio de las viviendas y hacer una estimación de lo que necesitará para compararlas. En el pliego de condiciones técnicas indica que el Ayuntamiento podrá pagar un máximo de 80.000 euros por cada vivienda, sin contar los impuestos. Y ello teniendo en cuenta que hay puntos donde el valor de las viviendas es más alto que en otro.
Este es uno de los puntos iniciales de la compra de viviendas sociales que el Ayuntamiento se ha propuesto: evitar crear guetos. El Consistorio sanvicentero está ultimando los trámites para que los propietarios interesados puedan vender al municipio sus casas. La concejal de Urbanismo, Mariló Jordá, explica que su departamento ha elaborado el pliego de condiciones técnicas en el que se ha dividido el municipio en cinco zonas donde se deberán repartir las viviendas que adquiera el Consistorio. Uno de los objetivos del municipio es evitar la concentración de las familias que se van a beneficiar de este alquiler.
Santa Isabel es el punto donde el precio es inferior al resto de zonas.
El pliego de condiciones técnicas que ha elaborado Urbanismo marca que las viviendas deberán tener unas condiciones mínimas. Deberán ser casas de menos de 50 años y tener al menos dos habitaciones, cocina, un baño y salón. La cocina deberá tener al menos encimera, horno, nevera y calentador.
Una vez que están definidas las condiciones que deben tener las viviendas el proceso pasa a desarrollar el pliego de cláusulas jurídicas y deberá contar con los informes de la Secretaría y la Intervención. A la vez, el área de Servicios Sociales está elaborando las condiciones que deberán reunir las familias que se beneficiarán de este alquiler que será temporal.
En un informe de Servicios Sociales del anterior edil, David Navarro (Sí Se Puede), éste afirmaba que había en el municipio 30 familias con la amenaza del desahucio de sus casas. La actual concejal, Begoña Monllor, advertía ayer que «son muchas más» .
Uno de los problemas que se le plantea ahora al Ayuntamiento es el siguiente paso, que es la gestión de esas viviendas y su mantenimiento. La compra supone que el Consistorio se convierte en arrendador y con deberá pagar la comunidad de propietarios, así como el mantenimiento y los arreglos.
