21 de septiembre de 2017
21.09.2017
Sant Joan d'Alacant

El juzgado ratifica la legalidad de la municipalización del servicio de limpieza de edificios públicos

La Subdelegación demandó al Consistorio al creer que la subrogación de los empleados vulneraba las leyes de acceso al empleo público

25.09.2017 | 00:14
Votación durante la sesión plenaria de mayo de 2016.

Buenas noticias para el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant. El juzgado número uno de lo contencioso administrativo de Alicante ha desestimado la demanda que la Subdelegación del Gobierno interpuso contra el Consistorio por haber municipalizado el servicio de limpieza de edificios públicos. En concreto, los servicios jurídicos de la Subdelegación recurrieron a los juzgados hace un año para solicitar la anulación del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Sant Joan de 30 de mayo de 2016, por el que se aprobó el proyecto de prestación por gestión directa de dicho servicio y que se encomendó a la empresa pública Personas y Ciudad, Sociedad Anónima Unipersonal (Pycsa).

El organismo estatal recurrió a la vía judicial al considerar que se vulneraban los preceptos legales. Y ello después de que el Ayuntamiento optara por no contestar al requerimiento que se envió con fecha 27 de julio de 2016 al alcalde de Sant Joan d'Alacant, Jaime Albero. Pedía que, en el plazo de un mes, procediera a anular el acuerdo plenario que aprobó la subrogación de los 18 empleados de FCC, una vez finalizada la contrata, a la empresa municipal Pycsa.

La Subdelegación argumentó que la subrogación de los trabajadores vulneraba el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, según el cual, «el acceso al empleo público debe hacerse de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los de publicidad de la convocatoria y bases de selección, transparencia, imparcialidad de los miembros de los órganos de selección e independencia».

La demanda también recogía que la aprobación en sesión plenaria se produjo a pesar de dos informes contrarios emitidos por el interventor y por el secretario municipal que consideraban que la subrogación de los trabajadores no respetaba la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016».

Ahora, el juzgado de primera instancia ha dado la razón al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant y ha desestimado la demanda de la Subdelegación de Gobierno, por lo que la municipalización del servicio de limpieza de edificios públicos estaría dentro de la legalidad.

El magistrado argumenta que la asunción por parte de la mercantil pública Pycsa de un nuevo servicio que con anterioridad era prestado por el propio Ayuntamiento, aunque de forma indirecta, a través de una sociedad de titularidad privada «requiere de la disposición del personal necesario para la asunción de la prestación de ese nuevo servicio». No se trata de que la entidad Pycsa haya procedido a la contratación de nuevos trabajadores, continuando con la prestación de los mismos servicios, sino que por parte del Ayuntamiento se ha decidido que Pycsa se asuma la prestación de un nuevo servicio que exige la disposición de los medios, tanto materiales como personales, para dicha nueva prestación», añade el juez.

Asimismo, la sentencia recoge que la municipalización de dicho servicio contribuye a la reducción del déficit público que perseguían los Presupuestos Generales del Estado de 2016, ya que la gestión directa supone un «ahorro para las arcas municipales en casi 100.000 euros», un razonamiento que ya se reflejó en el informe de la Intervención Municipal de 3 de mayo de 2015 y en los emitidos por la Jefatura del servicio de contratación y por la Jefatura del servicio jurídico del Ayuntamiento de Sant Joan.

Por otra parte, la sentencia reconoce la autonomía local y la potestad municipal de optar por las modalidad de gestión de los servicios públicos que consideren.

En cuanto a la vulneración de los principios de acceso al empleo público, el magistrado determina que la subrogación de los trabajadores de FCC «se ha producido con sujeción a la normativa» y sin perjuicio de las condiciones laborales de los empleados.

Según el concejal de Contratación de Sant Joan d'Alacant, Manel Giner, la sentencia «desmonta todas las dudas planteadas al proceso» y «reconoce que supuso y supone un ahorro a las arcas municipales de 100.000 euros, que mejoraba la estabilidad presupuestaria y que en ningún caso pretendía una funcionarización encubierta de trabajadores. Una sentencia que nos aporta tranquilidad en el buen hacer y en las posibilidades de nuevas remunicipalizaciones». Y es que cabe recordar que la intención del equipo de gobierno es municipalizar el servicio de limpieza viaria y recogida de basura en 2020.

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