Las viviendas que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig comprará antes de final de año para que formen parte del patrimonio municipal para las personas desfavorecidas serán de transición. La concejal de Servicios Sociales sanvicentera, Begoña Monllor, explica que la idea del consistorio es que estas casas de orientación social sirvan de puente para las familias necesitadas, pero en ningún caso podrán quedarse en ellas más de tres años. Bienestar social está actualmente elaborando el pliego de condiciones para desarrollar las condiciones que deberán cumplir las personas que opten a estas casas.
Serán entre seis y diez las casas que el Ayuntamiento considera que podrá comprar con los 600.000 euros consignados para la adquisición de los inmuebles. Ha puesto un tope máximo de 80.000 euros, impuestos aparte, para cada piso, y en las zonas de precio más bajo el estudio de mercado apunta que se pueden encontrar viviendas por 35.000 euros.
Otra de las condiciones que el Ayuntamiento ha puesto para la compra y gestión de estos pisos es que se repartan por las cinco zonas en las que se ha dividido el municipio para que no se generen «guetos». Monllor apunta que las familias podrán vivir en las casas municipales durante dos años y el tercero será el puente hacia otra vivienda. Según señala, el objetivo es que las familias puedan mejorar su situación durante ese tiempo, también con la ayuda de los servicios sociales, para poder optar a una vivienda normalizada.
La concejal reconoce que este proyecto de viviendas sociales tiene una gran complejidad. Y dentro de las cláusulas y condiciones tienen que contemplar qué pasará si la familia deja de pagar el alquiler.
Más de treinta familias necesitan actualmente en San Vicente del Raspeig un recurso porque están al borde del desahucio. Para la concejal, esta situación es descorazonadora porque, reconoce, por muchas casas que el Ayuntamiento pueda comprar, el problema que tienen muchas familias es muy difícil de solucionar. A la vez, lamenta que con la compra «vamos a llegar a pocas familias», y reconoce que su grupo político (Compromís) abogaba por el alquiler, sobre todo porque permite llegar a más «pero la compra es lo que salió en los presupuestos participativos y es lo que hay que cumplir», explica.
Los técnicos municipales han solicitado a otras ciudades revisar los pliegos que han realizado para, de la misma forma, comprar viviendas para destinarlas a un servicio social. Entre ellas Valencia y Madrid. Y van a mantener un encuentro en el Ayuntamiento de Alicante para conocer el funcionamiento del Patronato Municipal de la Vivienda y cómo es la gestión del municipio vecino.
Quejas de la PAH
Por su parte, la plataforma Stop Desahucios de San Vicente reprocha al equipo de gobierno lo que a su juicio es una «poca implicación» en la resolución actual de los problemas de las familias sobre las que pesa un desahucio. El representante, José Expósito, lamenta que «se nos están poniendo pegas desde el Ayuntamiento en nuestra labor de colaboración».
