Las consecuencias de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Campello ya se dejan ver en forma de reclamaciones por responsabilidad patrimonial de afectados por la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que piden una indemnización por los daños causados.
La promotora del centro comercial que se proyectaba junto al polígono industrial El Messell, y cuya tramitación estaba a punto de finalizar para iniciar las obras cuando llegó el fallo judicial en abril del pasado año, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento por el que exige unos dos millones de euros al Consistorio y a la Generalitat. Un millón al Ayuntamiento y otro al Consell. Y lo hace por los perjuicios derivados de la anulación del planeamiento, que ha frustrado un proyecto donde preveía invertir 4,4 millones.
Esta petición, que acaba de llegar al Consistorio, se encuentra en manos de su gabinete jurídico y es previsible que acabe en los tribunales. No es la primera reclamación por responsabilidad patrimonial que ha llegado al Ayuntamiento de El Campello tras enterrar el TS el Plan General de 2011 y no aceptar el Constitucional el recurso presentado por El Campello, según confirmaron fuentes municipales. No ha trascendido el número de reclamaciones que ya se han recibido ni los casos concretos a los que se refieren, aunque el Ayuntamiento ya contemplaba que posiblemente el tema de El Messell sería una de las que llegaría.
La promotora del centro comercial es Profusa, una filial del holding Grupo Fuertes, dueña de la cárnica El Pozo, que tenía la propiedad de la mayoría de los terrenos incluidos en la ampliación, y también tenía el suelo afectado por el proyecto de la Universidad Mare Nostrum, que del mismo modo se ha visto frustrado por la sentencia. El pleno dio a Profusa en 2014 la adjudicación como agente urbanizador del PAI con los votos de PP, Decido y PSOE, y el rechazo de Bloc e Iniciativa (ahora integrados en Compromís, que ostenta la Alcaldía) y EU.
Aunque tras la anulación del PGOU el equipo de gobierno ha estudiado la posibilidad de realizar una modificación puntual del PGOU de 1986, ahora vigente, y ha mantenido reuniones con la Conselleria de Territorio para abordar, entre otros temas relacionados con el Plan General y su anulación, el caso concreto de El Messell, y también se ha sentado con la empresa, desde el cuatripartito manifestaron a este medio que descartan, al menos de momento, esta modificación urbanística, y que existen otras prioridades en las que se está trabajando derivadas de la anulación del Plan General antes que la construcción de un centro comercial. Además, aseguran que Profusa en las reuniones tampoco ha planteado esta posibilidad como solución.
Contencioso con un vecino
Además, otro obstáculo para este cambio del PGOU para el Ayuntamiento es que existía un contencioso de la promotora contra uno de los propietarios de terrenos, un vecino que posee una pequeña parcela con una casa de campo que se negaba a perderla, y que con la anulación del PGOU su suelo ha vuelto a ser rústico, dejando la catalogación de suelo comercial que estipulaba el Plan General de 2011 para la ampliación de El Messell. Por ello se supone que no tendrá problemas para ganar el recurso que presentó.
Profusa proyectaba desarrollar este proyecto comercial e industrial en la salida del municipio hacia La Vila, entre el polígono El Messell y la carretera de Aigües, con la expectativa de crear un buen número de empleos. El PAI abarcaba 145.000 m2 e incluía una inversión de 4,4 millones, con un centro comercial junto a la carretera de Aigües con 47.075 m2 de techo distribuidos en dos plantas, además de otra zona industrial junto al polígono.
El TS anuló hace casi un año el PGOU de 2011 tras un recurso del restaurante Seis Perlas, que se oponía a la recalificación de su parcela como zona verde que contemplaba el nuevo Plan General, al carecer de un estudio económico para llevar a cabo las expropiaciones.
