Tras semanas de polémica, las obras de alcantarillado de la zona norte de San Vicente del Raspeig, adjudicadas por criterios técnicos a una de las empresas propiedad de Enrique Ortiz, comenzarán la próxima semana. Se trata de un proyecto que tiene como principal objetivo evitar las inundaciones en esta parte del municipio y completa las actuaciones antirriadas llevadas a cabo hace escasos meses en la avenida Ancha de Castelar. El presupuesto alcanza los 713.000 euros.
De esta forma, según informaron ayer fuentes municipales a este periódico, la actuación afectará a un total de 11 calles distribuidas en dos zonas. En la zona 1, las obras se llevarán a cabo en las vías: Monóvar, Villena, San Bernardo, San Pascual, Alcoy, Banyeres y Lillo Juan (entre la carretera de Agost y la calle Villena). En la zona 2, se verán afectadas las calles: Calderón de la Barca, Rafael Altamira, Raspeig y Agost.
El proyecto no sólo contempla la renovación del alcantarillado, pozos de registros, acometidos domiciliarios y arquetas, sino también mejoras en la urbanización de las calles como por ejemplo, la repavimentación del asfalto y aceras afectadas así como la reposición del arbolado, según destacaron las mismas fuentes.
Desde la Concejalía de Urbanismo recordaron que si bien las obras causarán molestias a los vecinos, tal como sucede con actuaciones de este tipo, se trata de un proyecto necesario y beneficioso para la localidad que pretende evitar o disminuir las consecuencias de temporales y lluvias, así como los problemas derivados de los malos olores y filtraciones que se producen en la actualidad por el deterioro de la red.
Adjudicación
Como se recordará, el cuatripartito (PSOE, Guanyar, Sí Se Puede y Compromís) debió adjudicar la obra de renovación del alcantarillado de la zona norte, la más importante de las que se llevarán a cabo este año, a Tizor Hormigones y Asfaltos y Enrique Ortiz Contratista de Obras, siguiendo el criterio de los técnicos y que ganó la adjudicación sobre otras 21 empresas que se presentaron a la mesa de contratación. Así, la empresa ofertó una rebaja de 300.000 euros al precio inicial de licitación que superaba el millón de euros.
La actuación se deriva de un conjunto de inversiones aprobadas por el anterior equipo de gobierno popular gracias al remanente de 3,5 millones de euros del ejercicio económico de 2014. Así, esta obra, al igual que otras que actualmente se están ejecutando en el municipio, se debe llevar a cabo antes de que finalice el año. Además, este dinero debe destinarse, tal como indica la ley, a obras sostenibles, es decir, que no requieran un mantenimiento posterior. Pues bien, el cuatripartito debió asumir los criterios técnicos que otorgaron la adjudicación de este proyecto a Cívica y que generó malestar no sólo entre los ciudadanos sino también entre los propios miembros del equipo de gobierno. Así, Compromís, miembro del cuatripartito, se ausentó de las mesas de contratación en varias oportunidades tras la adjudicación a Ortiz para mostrar su descontento, a pesar de que en el procedimiento, como no podía ser de otra manera, se siguieron criterios técnicos, que redujeron en 300.000 euros la base de adjudicación del proyecto.
Inhabilitación
Desde el Consistorio recordaron ayer que el último pleno se acordó iniciar un expediente de inhabilitación para el constructor Enrique Ortiz no se adjudique ninguna obra en el municipio a través de alguna de sus empresas. Para ello, el Ayuntamiento se basó en el fallo judicial que le da la razón en el litigio abierto tras la renuncia unilateral de la mercantil del empresario a la concesión de la gestión del parking del Ayuntamiento que construyó la mercantil Ortiz e Hijos.
