El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig va a comenzar a fiscalizar todos los contratos de menos de 6.000 euros y más de 1.000, que hasta ahora se firmaban sin necesidad de abrir un expediente por parte de la Intervención municipal y realizar una retención de crédito previa. La enmienda para ampliar la transparencia de las cuentas públicas se aprobó en el pleno extraordinario de presupuestos de ayer, a raíz de una propuesta de Esquerra Unida que obtuvo del apoyo del equipo de gobierno, del PP. El grupo socialista se abstuvo.
Isabel Leal, concejal de EU, había presentado una enmienda proponiendo un mayor control sobre todos los contratos menores de 6.000 euros. Hasta ahora, estos documentos estaban excluidos de fiscalización previa y sólo se exigía incorporación de su factura al expediente, sin necesidad de que la empresa presentase un proyecto o presupuesto detallado sobre el servicio que presta al Consistorio. «Este tipo de procedimientos dejan casi en exclusiva a la arbitrariedad del concejal las decisiones de contratar a unas u otras empresas y de autorizar el pago de los servicios, como se ha demostrado -en otros ayuntamientos-en tramas corruptas como la Operación Púnica», advirtió la edil. Por ello proponían que los expedientes de estos pagos sean «más completos y fiscalizados por la Intervención».
El concejal de Hacienda, Manuel Marco, explicó que su grupo ha aceptado la medida porque los medios técnicos con los que cuenta ahora el Ayuntamiento lo permiten. El edil señaló que se trata de hacer «un ejercicio de transparencia que ya se hace en muchas áreas municipales», aunque apuntó que este control no se podrá realizar sobre algunos pequeños contratos que se tienen que firmar por vía de urgencia.
El PP rechazó, en cambio, el resto de las propuestas de EU orientadas a reducir la partida destinada al pago de la deuda y a aplicar otras modificaciones por un valor cercano a un millón de euros. También echó atrás las enmiendas a los presupuestos presentadas por el PSOE encaminadas principalmente a crear un plan de empleo dotado con más de 400.000 euros y a incrementar el gasto en Bienestar Social.
Marco rehusó reducir la partida del pago de deuda afirmando que se incumpliría la normativa legal y, en cuanto al incremento en un 285% de la aportación que va a realizar a la TV Metropolitana, afirmó que no hacerlo «sería apartarse del Consorcio y eso llevaría consecuencias». De igual modo, rechazó la petición del PSOE y EU para aplazar la construcción del Archivo municipal porque supondría «renunciar a más de medio millón de subvención de la Diputación».
Respecto al empleo, afirmó que la propuesta del PSOE «no es realista, pues se reducirían gastos que dejarían inoperativa la actividad municipal». «Si disminuimos el gasto en teléfono ¿qué hacemos? ¿Nos comunicamos por tam tam?», señaló el edil, quien insistió en que la competencia para combatir el desempleo corresponde a otras administraciones.
Nueve años aumentando paro
El edil de Hacienda destacó que a la hora de reducir el paro, «lo que funcionan son las políticas generales» y prueba de ello, dijo, es que «desde el año 2005 no ha habido un solo año en que disminuyera el paro en San Vicente, hasta que en 2013 se frenó y en 2014, con datos de noviembre ,hay una bajada en el desempleo de 505 personas». El concejal del PP también recordó que San Vicente tenía contraída en 2011 una deuda que ascendía a 23 millones y el próximo año se reducirá hasta ocho.
El portavoz socialista, sin embargo, comparó esta situación con «un pirómano que después de provocar un fuego lo apaga y pretende ser felicitado». «¿Quién es el responsable de haber alcanzado esos 23 millones de deuda?», se preguntó. Por su parte, la alcaldesa, Luisa Pastor, cerró el debate asegurando que estamos ante «un presupuesto serio, riguroso y adaptado al momento actual». «Estamos convencidos de que la reducción de las cargas financieras es fundamental para que las cosas funcionen», apuntó. No obstante, también para el futuro la oposición advirtió de que la revisión de los valores catastrales puede derivar en una subida del IBI.
Además de la sesión sobre presupuestos, previamente se celebraron otros dos plenos, uno de ellos para la aprobación del convenio colectivo acordado con la mayoría de los sindicatos en la Mesa de Negociación, y otro para la disolución de la empresa municipal de Urbanismo debido a que carece de actividad desde que se creó.
