Los destructores del patrimonio cultural se salen con la suya. La Conselleria de Cultura ha rechazado declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el yacimiento ibero de Aigües Baixes (El Campello), donde se levantaba un fortín de más de 2.500 años de antigüedad, alegando que fue arrasado a principios de año en una acción por la que hay dos personas imputadas. Precisamente la investigación de la Guardia Civil apunta a que el fin que buscaba esta grave agresión sobre un enclave catalogado ya como Bien de Relevancia Local era evitar que se incrementara su protección, algo que, a juzgar por la decisión de la Generalitat, han conseguido.
Esta noticia causó ayer sorpresa e indignación en el equipo de arqueólogos dirigido desde la Universidad de Alicante (UA), según explicaron fuentes de los investigadores. Y es que la Conselleria ha tumbado la petición aprobada de forma unánime por el pleno de El Campello, a pesar de que la propia Generalitat ha requerido judicialmente al dueño del terreno para que autorice una nueva excavación que permita valorar los daños y salvar lo que aún quede en buen estado de un conjunto fortificado único en el litoral mediterráneo español. A pesar de que el propietario autorizó las prospección de 2013, ahora se ha mostrado esquivo y no ha atendido a los requerimientos de la Conselleria, que ha tenido que ir a los tribunales para ello.
Pese a que no se ha evaluado el estado de lo que queda, la Conselleria descarta su protección como BIC, sin que además haya constancia de que se hayan solicitado los preceptivos tres informes necesarios para tomar tal decisión, y presentar el escrito graves errores. El más llamativo es que insta al Ayuntamiento a declarar el enclave Bien de Relevancia Local, protección con la que ya cuenta desde 2003, cuando se descubrieron los primeros restos, y de la que evidentemente es conocedora y partícipe la Conselleria.
Además, el Consell Valencià de Cultura ya expresó su respaldo a los arqueólogos y a su propuesta de reconstrucción, exigiendo que se depuraran responsabilidades y apuntando a que el objetivo era evitar que fuera BIC, cuya tramitación ya se había iniciado cuando se arrasó y se esperaba que cristalizara este año.
Con el rechazo a la moción que propuso el PSOE y fue secundada por todos los grupos políticos, parece que crece la sensación de impunidad sobre este tipo de delitos, ya que el fin último que se perseguía se ha logrado, según lamentan desde el equipo de arqueólogos, que recordaron que el yacimiento fue excavado en el verano de 2013 y se documentaron las estructuras mediante alzado topográfico, fotografía aérea con un dirigible y una ortofoto con escáner láser 3D, por lo que es posible su fiel reconstrucción.
Pese a que se cubrió el espacio excavado con malla geotextil y se puso una capa de tierra encima para su protección, una pala excavadora lo arrasó a principios de año, aunque no han trascendido las identidades de los dos imputados por el juez por un delito contra el patrimonio.
En el informe remitido al Ayuntamiento, la Conselleria de Cultura afirma el yacimiento «fue objeto de daños considerables que están siendo objeto de investigación por parte de los cuerpos de seguridad del estado, en un grado de destrucción que hace imposible su declaración como BIC, tal y como lo define la legislación nacional y autonómica en materia de patrimonio cultural», por lo que insta al Consistorio a tramitar su declaración como Bien de Relevancia Local.
Ahora es probable que se recurra la decisión de la Conselleria, al menos hasta que se examinen los restos que quedan junto al Barranc d'Aigües de lo que fue un fortín hace 2.500 años para la vigilancia de la costa alicantina.
