Facebook no actuará sobre el discurso que los políticos compartan en la red social homónima, aunque pueda ser falso, con el fin de mantener el debate y el escrutinio públicos, como recogen las políticas de la compañía en el marco de su actuación en elecciones.

La compañía tecnológica ha explicado en un comunicado las acciones que lleva a cabo para limitar la distribución de noticias falsas en su red social, para lo que cuenta con el trabajo de terceras partes, que analizan los contenidos y comprueban su autenticidad y veracidad.

No obstante, el vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicación, Nick Clegg, ha matizado que este control no se realiza en el discurso de los políticos. "Es inapropiado por nuestra parte arbitrar los debates políticos e impedir que los discursos políticos alcancen su audiencia y sean sujeto de debate y escrutinio públicos".

Clegg, quien fue vice primer ministro de Reino Unido en el gobierno de David Cameron de coalición entre conservadores y liberales, ha participado este martes en el festival Atlantic, en Washington DC (Estados Unidos), donde ha compartido las medidas que Facebook toma para "prevenir la inferencia externa en las elecciones" y la "actitud" de la compañía hacia el discurso político.

Sin ser una política nueva, Clegg ha explicado que en Facebook no envían "contenido orgánico ni anuncios" de políticos a las terceras partes que se encargan de la comprobación. No obstante, cuando un político comparte contenido ya desmentido, degradan ese contenido, muestran información relacionada comprobada previamente y rechazan su inclusión en los anuncios.

En la plataforma existe desde 2016 lo que denominan 'Exención de interés periodístico', por la que un contenido, aun si infringe las políticas de Facebook, puede mantenerse en la plataforma "si el interés público supera el riesgo de daño" que pueda causar.

En su intervención, Clegg anunció que desde este martes, esta 'Exención de interés periodístico' se aplica también al discurso de los políticos, en tanto que desde la compañía entienden que "debería ser visto y escuchado". Sin embargo, igualmente pasará por un análisis que evaluará "el valor de interés público del discurso frente al riesgo de daño".

Esta evaluación "integral", que analiza factores como las circunstancias específicas del país, si hay elecciones en curso o la naturaleza del discurso, "tendrá en cuenta las normas internacionales de derechos humanos", asegura el directivo.