TORREVIEJA
El TSJ obliga al Ayuntamiento de Torrevieja a desplegar las mejoras de la carrera profesional
El sistema compensa aspectos como la formación y trayectoria de los funcionarios
La edil de Personal de Torrevieja señala que el presupuesto para el cambio estará en 2025 y que no se hizo tras la primera resolución por falta de tiempo
Acceso principal al Ayuntamiento de Torrevieja / Tony Sevilla
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha fallado a favor de los sindicatos a la hora de reclamar al Ayuntamiento de Torrevieja que «a la mayor brevedad posible» inicie la negociación para poner en marcha la implantación de la carrera profesional con un sistema de grados de desarrollo, requisitos y formas de acceso a cada uno de ellos y sus retribuciones.
Sentencia
El fallo da la razón, de nuevo, en esa reclamación al Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que acudió a la vía judicial tras la negativa del Ayuntamiento a negociar la carrera profesional del personal funcionarial y laboral.
El sindicato ya ganó en primera instancia el pasado mes de noviembre. Pero el Ayuntamiento recurrió. Recurso que ha perdido –además deberá pagar las costas–. El municipio tiene seis meses para implantar la carrera profesional.
Acceso principal del Ayuntamiento de Torrevieja / Tony Sevilla
El reconocimiento de la carrera profesional, ya implantada en otras administraciones, consiste en la progresión de grado, categoría y escalón de los funcionarios sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, y en un sistema de grados de desarrollo profesional con retribuciones asignadas a cada uno de ellos. Entre otras variables reconoce la trayectoria y la formación de los funcionarios. En definitiva una mejora de las condiciones laborales de los funcionarios.
Tiempo
María José Ruiz, concejal de Personal (PP) señaló ayer a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento nunca se ha negado a implantar la carrera profesional. Solo ha pedido tiempo a los representantes sindicales porque la primera sentencia se produjo cuando se estaba negociando el reglamento de productividad y el Ayuntamiento tenía cerrado el presupuesto y no pudo contemplarla en los presupuestos de 2024.
De ahí el recurso, en definitiva, para ganar tiempo. La concejala señaló que se consultará con los servicios jurídicos si cabe otro recurso ante esta resolución, aunque dio a entender que en este caso se acatará.
Ruiz, que no cuantificó el presupuesto necesario para este cambio, asumido por otros municipios en los últimos años, sí matizó que habrá que modificar algunos aspectos del reglamento de productividad, que los funcionarios están a punto de percibir, y que se solapan con la carrera profesional.
Precisamente uno de los argumentos del Ayuntamiento para rechazar la implantación era que la legislación no obliga a cumplir con un plazo específico para llevarla a cabo, justificación que el tribunal ha rechazado.
Reconocimiento
Este reconocimiento de la carrera profesional exige además un esfuerzo inversor en gasto corriente en el capítulo de personal relevante: la carrera profesional puede suponer un desembolso en la nómina de cada funcionario de entre 200 y 300 euros brutos mensuales. En principio la medida afecta a los funcionarios, aunque la sentencia también cita al personal laboral.
María José Ruiz, concejal de Personal del Ayuntamiento de Torrevieja / Tony Sevilla
La sentencia fija la obligación por parte del Ayuntamiento –que cuenta con casi 700 empleados públicos– de establecer «una partida presupuestaria para dotar de una cantidad económica la implantación de la carrera profesional».
Estatuto del empleado público
El sindicato recuerda en su acción judicial que su objetivo es proteger los derechos e intereses legítimos de los trabajadores, ya que les corresponde tras la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el 2015. La sentencia obliga ahora al Ayuntamiento a negociar con los sindicatos en la junta de personal la carrera profesional y su futura implantación en un plazo de seis meses.
La mitad de los 230 interinos ya ha consolidado su plaza
Además de la puesta en marcha del reglamento de productividad, el área de Personal lleva más de un año avanzando en el proceso de estabilización del personal interino. En el Ayuntamiento de Torrevieja se inició con bastante retraso con respecto al resto de municipios -buena parte de las poblaciones vecinas como Orihuela, ya lo han culminado-. En el caso de Torrevieja unos 230 empleados públicos los que debían estabilizar y consolidar su plaza. La mitad de ellos ya lo ha hecho. La otra corresponde fundamentalmente a plazas de peones y 40 agentes de la Policía Local.
El proceso de estabilización requiere de un concurso de méritos en el que en esencia valora la antigüedad en el puesto, por lo que suele consolidar el interino que la ha estado ejerciendo en los últimos años. Solo es algo más exigente para los de la Policía Local. Y en Torrevieja lleva retraso se debe por exigencia inicial de no someterse a una serie de pruebas. Algo que asumió el área de Personal en el Ayuntamiento durante el anterior mandato saltándose la normativa de la Generalitat a la espera del cambio de gobierno autonómico.
Sin embargo, con ese cambio no se ha producido el esperado visto bueno de la dirección general de Emergencias. Sobre todo porque el resto de policías interinos de los municipios de la Comunidad Valenciana, que ya han consolidado, sí han tenido que pasar por esas pruebas: físicas y psicológicas y reconocimiento médico.
Muchos interinos han optado a plazas distintas de mayor rango de las que ejercen para tener más opciones, algo que ha retrasado el proceso en el caso de los puestos de peones.
El equipo de gobierno del Partido Popular, como están haciendo muchos ayuntamientos de la provincia al margen de sus siglas, está vendiendo públicamente este proceso como el de una incorporación de nuevos empleados a la plantilla, con imágenes del acto de firma presidido por el alcalde y nota de prensa y difusión en redes sociales.
En parte se trata de personal que lleva más de diez años encadenando contratos de interinidad. Para algunas plazas, con responsabilidades muy relevantes en puestos técnicos -ingenieros, arquitectos, y hasta funcionarios que ejercen su labor como jefes de departamento-, que han desarrollado su labor con la presión añadida de poder perder su plaza -en función de las decisiones que tomaran-.
Esta consolidación del empleo público no deriva de una decisión municipal. Es un proceso el que el Gobierno de España asume varias resoluciones de la Unión Europea, tras varias sentencias en el mismo sentido y para evitar la precariedad en el empleo público. En un principio para hacer borrón y cuenta nueva y evitar más contrataciones en interinidad y realizar la selección a través de oposición públicos según el mérito y la capacidad para plazas permanentes.
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