TORREVIEJA
La Generalitat alquila locales para dependencias judiciales por la falta de espacio en el Palacio de Justicia de Torrevieja
La Conselleria de Justicia ha arrendado un bajo de 300 metros cuadrados en la misma calle del Palacio de Justicia para abrir una Unidad de Valoración Forense Integral y adecuar dos archivos judiciales
La inversión supera los 360.000 euros sin incluir el arrendamiento
La Conselleria de Justicia ha sacado a concurso la obras para habilitar una Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), y un archivo de documentación judicial del partido judicial de Torrevieja. Lo va a hacer en un local que tiene alquilado desde hace meses, pero sin uso, en un bajo comercial diáfano de casi 300 metros cuadrados, situado en la calle Patricio Zammit.
Calle Patricio Zammit
A unos pocos metros del puesto principal de la Guardia Civil y del propio Palacio de Justicia, donde ya no cabe ni una sola dependencia judicial más. El presupuesto base de licitación, sin contar con el alquiler sin uso hasta la fecha y que la Generalitat impulsó para este uso hace más de tres años, supera los 360.000 euros.
Plazos
El plazo de ejecución es de tres meses cuando se adjudique el contrato, todavía en fase de presentación de ofertas. Las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) –Torrevieja depende ahora de la de Elche–, están conformadas por profesionales de la medicina, psicología y trabajo social forense, con el fin de construir un sistema probatorio en los casos de violencia de género, con perspectiva médica, psicológica y de trabajo social en la evaluación de víctima, agresor, entorno y circunstancias y facilitar el trabajo del juzgado para su labor. Ocupará la mitad del espacio disponible, que está ahora distribuido en una planta diáfana, mientras que el resto se destinará a dos salas de archivo con sesenta metros cuadrados cada una, aseos, recibidor y distribuidor.
La unidad de valoración forense integral estará compuesta por una sala amable, clínica forense, despacho doble, sala de espera y aseo, y ocupará aproximadamente 110 metros cuadrados. Los dos almacenes para archivos judiciales supondrán otros cien. El resto se distribuye entre servicios comunes, aseos y recibidor.
Desde 1999
El Palacio de Justicia inaugurado en 1999 con una superficie construida de unos 3.400 metros cuadrados fue ampliado con otros 3.000 metros cuadrados en 2005. Una obra financiada y construida por un promotor inmobiliario, sin que los jueces que iban a mejorar sus instalaciones vieran, en este caso, nada irregular en una operación inmobiliaria impulsada por el Ayuntamiento, que carece de competencias en la gestión del área de Justicia.
Pero se quedó pronto muy pequeño de nuevo.
Doce juzgados
Cuenta con cinco juzgados de Primera Instancia, cuatro de Instrucción, un juzgado de Violencia Sobre la Mujer y dos juzgados de Lo Penal, además de otras dependencias como la sede de la fiscalía, la oficina forense, registro civil, decanato, colegios de procuradores y abogados, el servicio de notificaciones y embargos o las de control de seguridad.
Fue reformado con un contrato de urgencia en 2020 al objeto de llevarse a cabo mejoras en varias plantas para habilitarlas para salas de vista, eliminar 20 toneladas de piezas de convicción para liberar la última planta y adaptarla a la sala de vistas, y llevar a cabo un acceso lateral que ahora permite un traslado y paso de detenidos desde el cuartel de la Guardia Civil que garantiza mejor la seguridad.
Nueva reforma
La competencia de dotar de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia o tramitadores corresponde al Ministerio de Justicia. La dotación de medios materiales debe proveerlos la Generalitat. En el Palacio de Justicia de Torrevieja trabajan más de 120 funcionarios.
Placas conmemorativas
Los dos accesos principales al Palacio de Justicia conservan las placas de inauguración a nombre de Pedro Hernández, como alcalde de la ciudad, exconvicto que cumplió tres años de cárcel por un caso de corrupción condenado por falsedad documental y prevaricación.
Una de las placas la comparte con el entonces conseller del área Serafín Castellano y la otra con el presidente Francisco Camps. La presencia de las placas incumple un acuerdo del Consell durante el anterior mandato respaldado por todas las formaciones políticas para retirar placas conmemorativas de cargos públicos condenados en firme por corrupción.
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