La portavoz adjunta de Compromís en Las Cortes, Aitana Mas, recuerda que la finalización de la concesión público-privada del área de salud de Torrevieja está incluida en el pacto de investidura del gobierno del Botànic. Mas mostró ayer su sorpresa tras las «confusas declaraciones» del presidente Ximo Puig que han puesto una sombra de duda sobre la hoja de ruta pactada por el gobierno autonómico de coalición: «No entendemos por qué dice algo diferente a lo que ya confirmó recientemente en Las Cortes la consellera Barceló a preguntas nuestras sobre los planes del Botànic».
La diputada ha considerado que «no se puede dejar en el aire lo que está pactado en la hoja de ruta de tu propio gobierno. No caben ni matices ni ambigüedades. Octubre está a la vuelta de la esquina y lo que toca es hablar de cómo se va a efectuar la rescisión del contrato».
Puig dijo el jueves en Los Montesinos que la decisión sobre la concesión se adoptará cuando termine el contrato, para luego matizar que la Generalitat considera que el «negocio» debe estar supeditado al interés general en el ámbito sanitario. Las declaraciones de Puig sobre este asunto no son categóricas desde hace meses pese a que sus socios de gobierno e incluso la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se han mostrado categóricos a la hora de anunciar el rescate de la concesión que debe comunicarse a la empresa este mes de octubre, con un año de anticipación sobre la fecha en la que culmina el contrato.
Por otra parte, el comité de empresa tiene previsto hoy comparecer para explicar su postura sobre los anuncios del Consell y reclamar a la Generalitat más claridad a la hora de abordar el futuro del departamento de salud. El comité acaba de rubricar un convenio laboral hasta diciembre de 2021 con la empresa concesionaria.
Ayer estaba prevista además la visita de la diputada y portavoz del Partido Popular en Las Cortes Valencianas, Isabel Bonig, al centro sanitario, que finalmente se suspendió. Por sus instalaciones han recalado en las últimas semanas el líder de Cs, Toni Cantó y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Todos representantes públicos que han hecho una cerrada defensa de las bondades del sistema de colaboración sanitario público-privado, que gestiona Ribera Salud, que forma parte del grupo norteamericano asegurador Centene Corporation. En torno a la conclusión del contrato han nacido distintas iniciativas en favor de que la Generalitat Valenciana gestione directamente el área sanitaria -la plataforma 100 x 100 Sanidad Pública y en defensa de la continuidad del modelo de gestión público privado -Plataforma Sanidad Excelente-. El primer colectivo respaldado por PSOE, IU, Los Verdes y Podemos y el segundo ligado al PP y Ciudadanos.
Ribera Salud esgrime para mantener la concesión durante cinco años más los resultados de eficiencia que han arrojado las auditorías públicas, además de anticipar nuevas inversiones en el departamento si finalmente mantiene la gestión del hospital y los centros de salud y consultorios de los diez municipios a los que presta asistencia sanitaria -con una población potencial de 186.000 usuarios-.
Entre esas inversiones destaca la construcción del centro de salud de Orihuela Costa, que solo cuenta con una instalación de atención primaria para sus 30.000 vecinos censados y en el que la concesionaria quiere invertir más de cuatro millones de euros. Los terrenos ya han sido cedido por el Ayuntamiento de Orihuela.
Los alcaldes socialistas que defienden la rescisión aseguran que los medios que pone a disposición la concesión en atención primaria son insuficientes y que las cifras de listas de espera que presenta la concesión -mucho más reducidas que el resto de departamentos de la Comunidad Valenciana- «no son reales, porque se elaboran con un modelo estadístico distinto al que emplea la Conselleria de Sanidad».
