El juez de Lo Contencioso Administrativo de Elche ha rechazado las alegaciones del gobierno del PP y decidió mantener las medidas cautelarísimas por las que suspendió la convocatoria del pleno ordinario para aprobar definitivamente el presupuesto de Torrevieja. El magistrado ordena al gobierno local reiniciar el procedimiento de exposición al público del proyecto si quiere sacar adelante el presupuesto de 2020, que asciende a 117 millones de euros. De esta forma, da la razón al concejal portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz.
El alcalde, Eduardo Dolón, (PP) descartó en una rueda de prensa el lunes pasado que fuera a repetir el procedimiento y también la puesta en marcha de modificaciones de crédito del actual presupuesto prorrogado de 2019 para financiar sus proyectos. Si el gobierno local quiere contar con el presupuesto suficiente para financiar proyectos como la nueva contrata de las basuras (25 millones anuales); las inversiones como la reurbanización del paseo de La Libertad (12 millones); o la contratación de sesenta nuevos empleados públicos -30 policías locales- deberá exponerlo de nuevo al público. Podría estar aprobado a mediados de agosto como muy pronto y si no hay nuevos recursos. También puede comenzar a tramitar modificaciones de crédito, en este caso multimillonarias, y que tienen un trámite de varios meses.
El magistrado juez Augusto González recuerda, entre otras consideraciones, ante la alegación del gobierno, que la paralización de los plazos del estado de alarma por el covid también afectaba a los presupuestos, mientras que el interventor argumentaba en un informe que era un procedimiento especial. El juez dice que el municipio debería haber dictado un acuerdo específico en ese sentido en el que se motivase esa excepcionalidad.
«Un principio de seguridad jurídica de prudencia, dadas las excepcionales circunstancias en las que nos encontrábamos aconsejaba motivar por qué se abría un plazo de tal trascendencia en plena suspensión de plazos ordenada por un real decreto», aclara el juez en una resolución que supone un serio varapalo para el gobierno de mayoría absoluta del PP y para una gestión planificada de aquí a cinco meses en la que se contemplaba contar con el presupuesto aprobado.
