22 de julio de 2020
22.07.2020
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ORIHUELA COSTA

Orihuela Costa: El calvario de los Wesenauer

Una familia austriaca, confinada en la India sin poder regresar a España, intenta salvar parte de la finca centenaria Langostina de Orihuela Costa donde se quieren construir casas

22.07.2020 | 11:40

La propietarios, que están confinados en India sin poder regresar a España, mantienen que no han sido notificados de la ejecución de la resolución judicial que esgrime el promotor para ocupar parte de la finca y han denunciado en el juzgado la entrada de las máquinas y los daños provocados.

Defender tu casa y tus tierras de la promoción inmobiliaria puede resultar difícil. Misión imposible si además te encuentras confinado por la pandemia a miles de kilómetros de aquí, en India. Eso es lo que lo que denuncia la familia Wesenauer, que está ocurriendo en estos mismos momentos en la Casa Langostina, en Orihuela Costa.

Debe haber otra forma de vivir. Eso es lo que dice el anuncio del verano. Y es lo que el matrimonio austriaco Wesenauer debía tener muy presente cuando llegaron a finales de los setenta a España y compraron la Casa Langostina, en Lomas de Don Juan. Un ejemplo de las tradicionales construcciones agrícolas del secano de Orihuela Costa, con doscientos años de historia, vivienda, aljibe y horno moruno. Animales y un huerto mediterráneo, entre pinos, algarrobos, almendros, palmitos y coscojas. Testigo ahora de un modo de vida y un paisaje que ya no existe sepultado entre un mar de viviendas turísticas que a duras penas ha respetado el cauce de las ramblas y las playas - y porque están protegidas como dominio público-.

La Ley Urbanística Valenciana (LRAU) incluyó a la Casa Langostina en los gloriosos primeros años 2000, sin permiso, en el PAU 25, con sus correspondientes cargas urbanísticas casi insalvables, algo que incluía que la mitad de su terreno se convirtiera en suelo para edificar viviendas. No creían, en su ingenuidad, que alguien les pudiera quitar algo que era suyo y de lo que no querían desprenderse por nada del mundo. Pero todavía así recurrieron, en tiempo y forma, expresando su rechazo total a que les arrebatasen el 50% de la finca a cuenta del nuevo planeamiento. Las alegaciones fueron rechazadas.

La ley era injusta, Europa dio un tirón de orejas al Reino de España por sus abusos urbanísticos y se derogó, pero sus resoluciones en firme permanecen y son perfectamente legales.

La empresa que urbanizó el PAU 25, San José, entró en bancarrota en la crisis económica de finales de esa década prodigiosa -y arruinó a docenas de vecinos de Molins-. El Sabadell se quedó con sus activos -los suelos urbanos-. Un avispado promotor compró una parte de los solares urbanizables y al final otra empresa de Molins, más pequeña, es la que ahora quiere tomar posesión de una parte de la finca que los Wesenauer consideran suya, pero que en los papeles ya figura a nombre de una inmobiliaria. Y esas resoluciones judiciales dicen que la mitad de la finca de Lagostina pasa a manos del promotor: caben tres casas -ahora en blanco y minimalistas, mañana según la moda, ya veremos- y casi estarán pared con pared con la Casa Langostina.

Lo que pasa es que la ley en España garantiza los derechos de todos. Y hasta la fecha las sentencias se pueden ejecutar si el juzgado emite una ejecución expresa y se notifica a los afectados, primero para que los aludidos la lleven a efecto de forma voluntaria y luego para que se haga de forma forzosa. Algo que, según el abogado de los Wesenauer, Manuel Rives no ha sucedido todavía.

No hay notificación ni orden de ejecución, por lo que la familia, que además considera que la casa tiene valor patrimonial cultural para ser protegida -ha remitido un informe para solicitar su protección como BIC-, ha denunciado ante el juzgado de Instrucción 2 de Orihuela la que consideran como una "ocupación" de sus terrenos, además de valorar los daños materiales, como la destrucción de la valla, tala de árboles y mobiliario de la finca. 

La empresa ha intentado entrar en la finca en varias ocasiones en los últimos años esgrimiendo las sentencias que les dan la razón -la última de la Audiencia Provincial-, pero en ningún caso cuentan con la ejecución de sentencia, según los propietarios de Casa Langostina y su abogado.

La familia -como en el anuncio - se ha plantado frente las máquinas en varias ocasiones en los últimos años, encadenados y contando su historia a quien quisiera escucharla. Sin embargo, ahora no pueden plantarse ante la piqueta personalmente.

La pandemia mundial les ha cogido en pleno confinamiento en India y no pueden volver. Han intentado mover todos los hilos en el Ayuntamiento de Orihuela, y a nivel político. Incluso, ante la imposibilidad de estar defendiendo lo que creen que es suyo, contrataron los servicios de una empresa para que un guardia de seguridad impidiera una actuación que consideran que no se ajusta a derecho -no ha servido de mucho-.

Esta misma semana estaba previsto que las máquinas volvieran a la carga. La promotora asegura que tiene licencia municipal para realizar los trabajos.

El concejal de Urbanismo, José Aix (Ciudadanos) no pudo concretar a este diario si es así y si en este caso Urbanismo conoce el conflicto judicial entre las dos partes. La empresa ha abierto un acceso en el muro, ha desbrozado la finca y ha vallado una parte, retirando vegetación y moviendo dos vehículos de la familia. Por el camino se han quedado chumberas y algún muro lindero. 

A los Wesenauer  les queda que se conozca su verdad de la historia, mientras los promotores, que recuerdan que el romanticismo casa mal con las sentencias favorables en la mano, que son la principal fuente de trabajo y riqueza en Orihuela Costa y no pueden esperar. ¿Quién tiene las de ganar? Es una pregunta retórica. 

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