El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada anticipará el pago de la indemnización ratificada por sentencia en firme de 3 millones de euros a la empresa adjudicataria del polémico auditorio-centro cultural «La Paloma» de Pilar de la Horadada. Es un acuerdo que ahorrará a las arcas municipales 1,2 millones de euros, según el equipo de gobierno del PP, al retirarse la empresa, a cambio del pago anticipado, del segundo procedimiento judicial que tenía abierto contra el Ayuntamiento. El acuerdo pasa por pagar menos y por pagar antes. En vez de abonar 4,2 millones de euros -si se confirmaba la segunda reclamación judicial que mantenía la empresa y que ahora va a abandonar- se aportarán 3 millones pero este mismo año.
El Ayuntamiento abonará a la UTE Urdemasa e Infraestructuras Terrestres tres millones de euros, con un primer pago en septiembre de la cantidad principal, y el segundo pago con las costas e intereses que se producirá en diciembre.
El gobierno local considera que con este acuerdo el «controvertido asunto judicial ha sido zanjado tras 19 años mediante un acuerdo entre las partes que ha liderado el alcalde José María Pérez Sánchez, y que ahorrará a los pilareños 1,2 millones de euros». Al margen de este frente judicial el municipio lleva gastado desde 2001 hasta ahora 3,6 millones de euros en el centro cultural y aparcamiento de La Paloma -incluido el derribo del remate de la estructura que amenazaba con desmoronarse: tras ese gasto de dinero público - 6,6 millones de millones de euros entre la sentencia que va a pagar y la obra- el resultado es lo más alejado a un auditorio y centro cultural en pleno casco urbano.
El municipio solo cuenta ahora con un edificio vallado, semiabandonado, con problemas constructivos en el aparcamiento -que está apuntalado- y un futuro que podría pasar por su derribo final.
La finalización del proyecto se malogró porque requería de un modificado que exigía un aumento del presupuesto inicial del 180% que los técnicos municipales no quisieron asumir si no se realizaba un nuevo procedimiento de adjudicación.
Tras conocer en febrero pasado la sentencia firme que condenaba al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada a pagar 3.136.156 de euros sumando principal, intereses, lucro cesante y costas tras inadmitir el Tribunal Supremo un recurso de casación municipal ; el alcalde se apresuró a contactar con los responsables de la UTE porque «hablando se entiende la gente, y yo prefiero hacer las cosas por las buenas», aseguró Pérez en declaraciones a INFORMACIÓN.
El equipo de gobierno asegura que hubiera estado obligado a abonar 4.278.865 euros con lo que el acuerdo supone «un ahorro» de 1.278.865 euros.
El acuerdo amistoso logra «aminorar» la cantidad económica que debe desembolsar el municipio a la empresa. La UTE renuncia a 134.156 euros de esta primera sentencia en firme. Y retira la segunda reclamación judicial de la mercantil que asciende a 1.144.708 euros.
La primera indemnización se basa en la valoración de las obras realizadas y el lucro cesante al no poder explotar la empresa el aparcamiento ni hacer uso del edificio. El juzgado señala que la infraestructura es propiedad municipal, incluido el aparcamiento que es el que se valora por encima de los dos millones de euros.
El equipo de gobierno anticipa con esta decisión, con el asesoramiento de sus servicios jurídicos, que la segunda reclamación judicial, la que retira la UTE Urdemasa e Infraestructuras Terrestres, también iba a ser contraria a los intereses del Ayuntamiento. Que iba a ser condenado igualmente.
Según fuentes municipales, a 1,2 millones de euros que reclamaba la UTE -formada por empresas promotoras- , se le sumarían los intereses, y los trámites judiciales que se habrían «prolongado durante muchos años».
Con este acuerdo alcanzando entre las dos partes, «se dan por terminados todos los procedimientos judiciales entre la UTE y el Ayuntamiento».¿Qué saca la empresa? Los trámites de ejecución de sentencia pueden prolongar el pago efectivo de una resolución judicial en firme durante años. El acuerdo permite a la empresa un ingreso inmediato y garantizado de lo que reclamaba por la vía judicial.
¿Qué hacer con el edificio?
Ahora, el equipo de gobierno del PP está a la espera de las conclusiones de un estudio de viabilidad sobre la actual edificación para valorar qué hace con la infraestructura: si lo derriba completamente o si plantea un proyecto que permita darle uso público, lo que exigiría un nuevo proyecto y otra inversión, aunque nunca como centro cultural -el municipio ha presentado un ambicioso proyecto que contempla tres edificios para aglutinar la actividad cultural y de servicios del Ayuntamiento-.
