El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha desestimado el recurso especial presentado por el edil de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, contra los pliegos de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Torrevieja para contratar el servicio de recogida de residuos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la costa, que supondrá un coste total para las arcas municipales de 466 millones de euros durante los próximos 15 años. La resolución da así vía libre al Ayuntamiento para convocar la mesa de contratación que valora las ofertas presentadas por las cinco empresas interesadas en hacerse con esta suculenta contrata, la mayor que tiene un consistorio.
El órgano, no obstante, no entra en el fondo de las supuestas irregularidades que denunciaba Samper en su recurso interpuesto el pasado 2 de junio, al reconocer, en algunas de ellas, que deben ser otros órganos los que pueden entrar a valorarlo. Sin embargo, ha decidido inadmitir el recurso por el simple hecho de que considera que el edil de Sueña Torrevieja no está legitimado para interponer un recurso de este tipo puesto que, según señala en la resolución a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, puesto que no es uno de los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local -que es el órgano de contratación- que aprobó el expediente y este tribunal señala que solo esos concejales pueden presentar un recurso especial contra la licitación del pliego (los ocho miembros de la Junta Local, por cierto, votaron unánimemente al expediente, tal y como destaca la resolución del Tribunal de Contratación). «Al no integrar el órgano de contratación el concejal recurrente, carece éste de legitimación, y, en consecuencia, se inadmite el recurso, por lo que no procede pronunciarse sobre el fondo del asunto», explica este tribunal en su resolución.
Motivos
Samper decidió interponer un recurso especial contra la licitación de las basuras al considerar que los pliegos permitían que se alargue la vida útil y el periodo de amortización de la nueva maquinaria en 15 años para justificar un «pelotazo», que el sobrecoste para los vecinos de la propuesta con respecto a la municipalización supera los cien millones de euros, que el municipio no puede financiar los 25 millones de euros anuales que costará el servicio, que no se convocó un pleno para escoger el modelo de gestión, y que el expediente carece de los informes sobre la existencia de crédito disponible este año y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, entre otros motivos.
Así, el Tribunal de Contratación, señala que obra en el expediente informe de la fiscalización de Intervención en sentido favorable y retención del crédito. En cuanto al sobrecoste de la gestión indirecta, indica que son decisiones de gestión municipal que, de ser recurribles, «lo serían ante la jurisdicción contencioso-administrativa». Sobre la vida útil de la maquinaria y su periodo de amortización, el órgano explica que no se concreta la infracción jurídica cometida y que, en todo caso, escapa a su competencia. Por último, rechaza que el recurrente invoque «consideraciones apriorísticas y carentes de fundamento» en cuanto a que diga que las diferencias entre las valoraciones de los criterios automáticos «suelen ser pequeñas». No obstante, al considerar que no hubo mala fe ni temeridad en la presentación del recurso, no impone ninguna sanción al recurrente. La resolución es definitiva en la vía administrativa y solo cabría recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
Sin contrato
Acciona, empresa que realiza la recogida de residuos sin contrato en Torrevieja, Urbaser, y las uniones temporales de empresas formadas por VSM (Valoriza) - STV; FCC (Ferrovial) - OHL; y Actúa - 3RS Gestión ya han entregado la documentación que analiza la mesa de contratación. Son las cinco empresas interesados en el pliego de la mayor contrata del Ayuntamiento. Acciona realiza el servicio desde 2004. Agotó el periodo de adjudicación en 2014 y dos prórrogas de un año cada una. Realiza la prestación sin contrato desde 2016 porque el municipio no tiene alternativa para garantizar un servicio esencial hasta que adjudique el nuevo concurso.
La adjudicación de 2004 acabó con el exalcalde Pedro Hernández Mateo en la cárcel. Cumplió tres años de condena por prevaricación y falsedad documental por amañar la contrata a favor de Acciona. La denuncia contra el exregidor del PP, confirmada por el Tribunal Supremo, no pedía expresamente anular el acto administrativo de la contrata por lo que la empresa pudo seguir prestando el servicio.
