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Orihuela y Torrevieja, sin interventor municipal al cesar sus dos funcionarios

Antonio Rosique y Jesús López abandonan sus servicios y los ayuntamientos deben buscar sustitutos

Orihuela y Torrevieja, sin interventor municipal al cesar sus dos funcionarios

Las dos grandes ciudades de la Vega Baja, que entre ambas suman una población de más de 160.000 habitantes, se quedan sin la figura del interventor municipal. Los dos habilitados nacionales que ejercían en cada uno de los dos municipios han decidido no prorrogar la comisión de servicio en la que se encontraban a petición propia. Casualmente ha coincidido que ambos, Antonio Rosique en Orihuela, y Jesús López en Torrevieja, se marchan en el mismo momento, hoy 30 de junio. Esta marcha ha obligado a los dos ayuntamientos a buscar un sustituto rápido ya que en ninguno de ellos hay plaza fija para esta figura de habilitado nacional.

En el caso de Torrevieja el interventor será sustituido por Juan Carlos Carmona, un funcionario nombrado a finales de año por el alcalde como Director General de Economía, que en estos momentos está en la mesa de contratación del concurso de las basuras; en Orihuela será otro funcionario quien asumirá las funciones, y todo apunta a que será el mismo que ya ha ejercido este cargo en anteriores ocasiones.

En Orihuela, Antonio Rosique, que llevaba en el Ayuntamiento como interventor desde 2017 (tras la salida del recordado Fernando Urriticoechea, la «bestia negra» del gobierno del PP durante el anterior mandato por sus continuas denuncias), ha decidido no prorrogar su comisión de servicio tras ser reclamado por el municipio en el que sí tiene plaza, el murciano de Beniel. Rosique, que finalizó la comisión a mediados de junio, sí pidió una prórroga del 17 al 30 de junio para poder asistir al pleno ordinario de este mes donde se llevó la cuenta general. Sin embargo, desde el 1 de julio Orihuela no tendrá interventor.

Convocatoria desierta

El Ayuntamiento de Orihuela saca dos veces al año la convocatoria para cubrir la plaza fija de interventor, pero desde hace años se queda desierta. No parecen interesados los habilitados nacionales en ir al Ayuntamiento de Orihuela. La principal razón es el sueldo. En Orihuela no llega a los 60.000 euros anuales. Aunque pueda parecer mucho, la remuneración de este tipo de funcionario de alto rango en otros municipios de similar población a la capital de la Vega Baja oscila entre los 90.000 y los 100.000 euros. Ese salario, por encima de los 90.000 euros, es lo que cobra el secretario del Ayuntamiento de Orihuela, el otro habilitado nacional del consistorio, y el anterior interventor, Urruticoechea, ya reclamó que se equiparara. Habitualmente, en los ayuntamientos ambos funcionarios tienen un sueldo parecido por sus altas responsabilidades y funciones. Así que resulta muy poco atractivo para un interventor la plaza oriolana.

La oposición, como el PSOE, lleva ya tiempo reclamando que se amplíe el sueldo adscrito a la figura del interventor. No obstante, sería necesario especificarlo en la RPT, porque hacer una modificación de la plantilla para cambiar solo ese sueldo debe aprobarse en pleno.

El Ayuntamiento enviará una carta a la Dirección de Administraciones Locales solicitando que le envíen un interventor de la bolsa de habilitados nacionales que tiene, aunque la última palabra la tiene el alto funcionario de aceptar el destino o no. El edil Rafael Almagro lamentó ayer la marcha de Rosique «con el que estábamos muy a gusto y había traído la calma al Ayuntamiento», tras el paso de Urruticoechea.

Relevante

En Torrevieja, el interventor, Jesús López López, ha cesado de su plaza. López asumió la función de Interventor, la más relevante en el organigrama de en una administración local junto a la de secretario general del pleno, hace ahora casi un año. Su paso por el consistorio ha sido polémico.

A finales de diciembre firmó un informe en el que señalaba a la secretaria, la oficial mayor y un técnico de administración general por supuestas irregularidades en la asunción de sus funciones y retribuciones. El alcalde Eduardo Dolón (PP) decidió, una vez que tuvo conocimiento del contenido, realizar una denuncia en el juzgado aportando el informe. El interventor, que tiene su plaza fija en Bullas (Murcia), ha desarrollado su labor en funciones de acumulado, una fórmula legal que permite desarrollar su cometido por horas mientras se cubre otra como titular.

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