El interventor del Ayuntamiento de Torrevieja, Jesús López López, ha cesado de su plaza en una decisión confirmada por el Ministerio de Función Pública y que se oficializará el próximo lunes. López asumió la función de Interventor, la más relevante en el organigrama de en una administración local junto a la de secretario general del pleno, hace ahora casi un año.
Su paso por el Consistorio ha sido polémico. A finales de diciembre firmó un informe en el que señalaba a la secretaria, la oficial mayor y un técnico de administración general por supuestas irregularidades en la asunción de sus funciones y retribuciones. El alcalde Eduardo Dolón (PP) decidió, una vez que tuvo conocimiento del contenido, realizar una denuncia en el juzgado aportando el informe. El juez ha llamado a declarar al funcionario en dos ocasiones al igual que los denunciados y al alcalde. Ambas citaciones han sido suspendidas. La primera ocasión porque la denuncia fue ampliada y los denunciados también aportaron nueva documentación a la causa. En la segunda ocasión por el estado de alarma.
El interventor, que tiene su plaza fija en Bullas (Murcia), ha desarrollado su labor en funciones de acumulado. Una fórmula legal que permite desarrollar su cometido por horas mientras se cubre otra como titular. En este caso ha hecho compatible su trabajo en Torrevieja con la plaza de secretario en Águilas, puesto del que también cesa el 30 de junio. Durante los últimos meses ha avalado distintos procedimientos impulsados por el primer edil, como la designación de tres directores generales: De Urbanismo y Servicios, Recursos Humanos y Contratacion y Economía y Hacienda -desginados directamente por el alcalde por encima de los jefes de departamento- y ha validado, desde el punto de la fiscalización económica la adjudicación por la vía de urgencia de la administración electrónica.
López rubricó otro informe en el que destacaba que el Ayuntamiento arrastraba un gran retraso en la gestión de la contratación y desembolsaba anualmente 70 millones de euros en suministros, obras y servicios sin mediar contrato -en especial, la recogida de residuos y limpieza viaria y el transporte urbano-. Una situación enquistada en el Ayuntamiento desde hace años. Con ese informé argumentó la necesidad de que se tramitara la redacción del pliego de la recogida de basuras -que se realiza desde junio de 2016 sin contrato y que cuesta 18 millones de euros al Ayuntamiento- a través de una contratación externa. Informe del que discrepó el que era en ese momento funcionario responsable de Recursos Humanos, asegurando que se podía redactar el pliego con recursos propios.
El retraso en la regularización de los contratos a través de un concurso público permite a las empresas proveedoras de servicios esenciales imponer sus condiciones a los ayuntamientos -en muchos casos, la alternativa es municipalizar o dejar a la administración sin ese servicio-.
El interventor ha sido llamado a declarar como testigo -al igual que a dos concejales de la oposición- en una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en relación al plan de choque de residuos impusaldo por el equipo de gobierno del PP, que se llevó a cabo sin que mediara contrato -tampoco ha sido facturado por la empresa que lo realizó, Acciona- pese a que el acalde y la edil de Aseo Urbano lo cuantificaron en 120.000 euros mensuales. Según fuentes consultadas por este diario la investigación podría haberse abierto a la indagación de otros procedimientos del Ayuntamiento.
El interventor será sustituido por Juan Carlos Carmona, en la mesa de Contratación, que en estos momentos está baremando las ofertas presentadas por cuatro cinco empresas para hacerse con el concurso de las basuras - con un desembolso previsto de 466 millones euros en 15 años-.
