¿Considera usted excesiva una sentencia condenatoria del Ayuntamiento por importe de 4,7 millones de euros?

La mayoría de la ciudadanía desconoce el contenido del derecho administrativo, pero sería interesante y práctico que quienes lo practican diariamente contribuyesen a que su comprensión fuese lo más sencilla posible.

Es muy importante que sepamos que la vía contencioso administrativa está reservada a las reclamaciones que deben presentarse contra actos expresos o tácitos de las administraciones públicas y que pueden afectar a los derechos de los administrados.

Es lo que se conoce como competencia jurisdiccional y así cada órgano judicial puede y debe conocer de unas determinadas materiales: Juzgados de Primera Instancia encargados de los asuntos civiles, Juzgados de Instrucción encargados de los asuntos penales, Juzgados de lo Social encargados de los asuntos laborales e incluso, como en Orihuela, el Juzgado Privativo de Aguas, pendiente ya demasiado tiempo, de su declaración como Tribunal Consuetudinario, encargados de los asuntos al agua y de los riegos.

Desconozco el número de procedimientos llevados en España a los tribunales de lo contencioso-administrativo al cabo de un año. Indudablemente debe estar recogido en alguno de tantos de esos anuarios y estadísticas que ahora somos capaces se elaborar y que nos son tan útiles en ocasiones. En el caso de Orihuela puedo decir que durante 2016 se presentaron 49, en 2017 fueron 45, en 2018 se quedaron en 42 y en 2019 únicamente 26. En lo que llevamos de 2020 tenemos presentados 4.

Cada uno de ellos tendrá su resolución en un plazo más o menos breve (muchas veces años) y, finalmente, se dará la razón al demandante o será rechazada su pretensión. Los ciudadanos, como decía, no tienen por qué saber Derecho pero sí que deben saber que cada tribunal es diferente y que en el caso de los tribunales que entienden de lo administrativo no hay tribunales con capacidad de enviar a nadie a la cárcel sino con potestad para establecer en qué cantidad o medida similar se puede compensar a un particular de un perjuicio causado por una decisión administrativa.

Y vuelvo a preguntar: ¿Considera usted elevada una sentencia contra el ayuntamiento por valor de 4,7 millones de euros?

Por supuesto que sí, sin duda. Algo no se hizo bien y ese ha sido el resultado. Concretamente, esta es la resolución judicial favorable a las pretensiones de Urbaser que condena al Ayuntamiento de Orihuela al pago de una indemnización a la mercantil que obtuvo la mejor calificación en la licitación de 2007 y cuya adjudicación efectiva no llegó a producirse pues fue declarada desierta por la Junta de Gobierno Local.

Esta empresa, por tanto, nunca llegó a prestar ningún servicio, no llegó a generar ni una sola factura a cargo del ayuntamiento pero consideró que habría sido la legítima adjudicataria y tenía derecho a que se la compensara por los perjuicios ocasionados al "perder" tan cuantioso contrato.

Nuestros legítimos representantes de aquel momento estimaron que no era procedente adjudicarles el contrato y este ha sido el coste para las arcas municipales.

Sin duda la labor de los políticos que gobiernan es tomar decisiones y que sean lo más acertadas posibles porque, ni más ni menos, es lo que se espera de ellos. Pero no es fácil. No siempre se toman las decisiones correctas; y no tiene por qué haber sombra de dudas cuando esto sucede salvo cuando los fallos son repetitivos y lo que se demuestra es la incapacidad manifiesta del gobernante para ostentar el cargo; bien sea por sinvergonzonería pura y dura o, más comúnmente, por falta de talento.

Pondré varios ejemplos que nos ayudarán a ver y entender que esto sucede con más frecuencia de lo deseable y no hay partido político que esté libre de pecado.

En primer lugar, porque lo tenemos muy reciente, hemos asistido a la tan ridícula como millonaria compra en partidas de mascarillas que no valían. Auténticas millonadas que ha tirado por el sumidero nuestro gobierno socialcomunista.

Más cerca, en Orihuela, hay varios casos dignos de ser destacados también. El gobierno oriolano de socialistas y verdes decidió en 2012 rescindir el contrato que legalmente se había adjudicado Orihuela Capital de la Vega Baja UTE en 2008. Aquí en este caso y a diferencia del de Urbaser ya había una empresa que llevaba

años prestando un servicio. Y ello es lo que hace que las pretensiones de indemnización contra el ayuntamiento se eleven a la nada desdeñable cifra de 11 millones de euros.

Pero ahí no queda todo, porque precisamente en estos días estamos retomando la Comisión creada a instancias del PSOE y de Cambiemos para resolver el contrato con Hidraqua, la concesionaria de nuestro servicio municipal de agua potable.

Les puedo decir, sin ninguna duda, que si fuésemos auténticos irresponsables y hubiésemos hecho sin más ni más lo que ellos pedían en su propuesta al Pleno y hubiésemos rescindido el contrato, con total serguridad que ahora nos estaríamos enfrentando a una demanda que les puedo decir que seguramente no sería inferior a los 30 millones de euros. Eso si, la sentencia saldría dentro de cinco, seis, siete años y ya no estarían ellos (PSOE y Cambiemos) para dar cuenta de su irresponsable capricho.

Socialistas y comunistas oriolanos han tenido muchos más caprichos, no ha sido el único. Caprichos siempre caros, eso también hay que decirlo.

La adjudicación del contrato de los chiringuitos de las playas supuso una merma de ingresos millonaria si finalmente queda así demostrado en el caso penal que hay abierto y del que se encuentra próxima la resolución. Ya veremos.

Otro. La solicitud de rescisión de la autorización al promotor para urbanizar en la Mosca, algo que de haberse realizado hubiese tenido también incalculables consecuencias económicas contra las arcas municipales.

Téngase en cuenta que tampoco la Generalitat ha hecho el más mínimo movimiento por remover ese avispero. Por algo será.

En fin, esa es parte de toma de decisiones diaria dentro de la vida municipal y que, obviamente, debe procurar salvaguardar el interés social lo que también incluye, reconozcámoslo, el interés económico.

Uno de nuestros objetivos de esta legislatura es dejar el Ayuntamiento de Orihuela sin deudas de ningún tipo. Que no debamos nada a nadie y por ningún concepto. Hacer del ayuntamiento de Orihuela uno de los más saneados y libres de ataduras que que pudiesen condicionar su futuro y lo que decidan sus ciudadanos y ciudadanas libremente.