El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado -que pone fin a las diligencias previas- contra los exediles del PP de Callosa de Segura, Manuel Illán y Francisco Rodríguez, en la causa abierta por la adjudicación de un contrato de más de 90.000 euros para disponer una línea wifi en el municipio. Ambos eran concejales del equipo de gobierno cuando se adjudicó el servicio. Rodríguez era concejal de Urbanismo y presidente de la mesa de contratación, mientras que Illán ostentaba las concejalías de Hacienda y Contratación, además de integrante de la mesa de contratación que adjudicó el wifi. Manuel Illán es actualmente el presidente del PP local. El contrato se adjudicó a una empresa vinculada al hermano del que era entonces alcalde, Javier Pérez. Aunque tanto Pérez como su familiar estaban también imputados, el fiscal anticorrupción, Pablo Romero, ha pedido en sus conclusiones el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a ambos, por lo que la jueza no los ha incluido en el auto de incoación del procedimiento, el paso previo a la apertura de juicio oral.
Tras el escrito del fiscal, la jueza ha decidido abrir procesamiento contra los dos exediles, un arquitecto técnico municipal y el representante de una de las empresas por un presunto delito de prevaricación administrativa, todo tras ver las conclusiones a las que llega la Fiscalía Anticorrupción, que dice que existen «indicios racionales de criminalidad» respecto a los investigados.
El polémico contrato para instalar una red wifi en el municipio fue tramitado en 2010 mediante un procedimiento negociado sin publicidad y por vía de urgencia. Para ello se seleccionó a cuatro empresas, entre ellas «Análisis y Control de Redes privadas SL», la participada por el hermano del exregidor del PP, quien presentó supuestamente la oferta más ventajosa en base al dictamen de los técnicos. Fue el anterior gobierno de PSOE, EU y Somos quien presentó la documentación sobre este asunto en la Fiscalía. Tras su análisis, el Ministerio Público puso en duda la legalidad de todo el trámite de adjudicación, desde la convocatoria hasta la baremación, y también los informes suscritos que recomendaban contratar a la empresa del familiar de Pérez. En las diligencias, el juzgado señala que los investigados beneficiaron injustamente a la mercantil adjudicataria, y ello a pesar de saber el fraude y perjuicio para los intereses municipales y del erario público.
Informe pericial
El informe pericial que encargó el juzgado cuestiona todo el proceso hasta el punto que sostiene que la citada empresa no sólo no debió ser la mejor valorada, sino que a su juicio era la menos capacitada para poner en marcha la red de internet.
El fiscal ha decidido finalmente exculpar a Javier Pérez puesto que «no tuvo intervención en el expediente de contratación irregularmente tramitado, solo en intervención en actos meramente formales o de trámite, pero no en los determinantes de la irregular adjudicación». Tampoco ha quedado acreditada su vinculación a la empresa adjudicataria, aunque señala que «por más que su conducta pueda resultar ser sospechosa o de otras valoraciones desde otros ámbitos ajenos a lo penal».
Su hermano también ha quedado fuera puesto que, dice el fiscal, «no realizó actuaciones activas que facilitaran a su favor la irregular adjudicación y no ha podido acreditarse que fuera la figura encubierta utilizada por Francisco Javier Pérez Trigueros para beneficiarse de la irregular adjudicación». También exculpa a un técnico municipal.
