El caso Brugal fue un verdadero terremoto político en la provincia de Alicante hace diez años tras el arresto del entonces presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll y los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, entre otros. Una macrocausa de corrupción que se había venido gestando desde hacía tres años al comenzar a investigar una trama de supuestos sobornos en la contrata de las basuras en el Ayuntamiento de Orihuela y que derivó en la intervención del teléfono del empresario Ángel Fenoll en mayo de 2007. Los pinchazos telefónicos desvelaron nuevas irregularidades y fueron abriendo líneas de investigación que salpicaban a autoridades municipales de sur a norte de la geografía alicantina. Pesquisas que en Alicante acabaron salpicando a dos de sus últimas autoridades municipales, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.
La sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante acaba de tirar de un plumazo las escuchas de las que partieron las cerca de veinte piezas separadas en las que se dividió Brugal. De ellas, sólo tres están esperando juicio: las supuestas irregularidades en el Plan General de Alicante, el caso de las basuras de Calp y los amaños para la ubicación del vertedero de la Vega Baja. La mayoría se ha ido archivando.
Los sobres
Entregas de dinero de Fenoll a alcaldes de la Vega Baja
Gran parte de la veintena de piezas separadas en las que se dividió el caso Brugal se correspondían a supuestas entregas de dinero del empresario Ángel Fenoll a distintos alcaldes o representantes políticos de la comarca de la Vega Baja. Rafal, Bigastro, Pilar de la Horadada, Jacarilla o Callosa de Segura. Con los años se han ido cerrando una a una en los juzgados de Orihuela sin llegar a la vista oral.
El fútbol
La presunta compra de partidos del Hércules para el ascenso
Una de las primeras piezas separadas del caso Brugal en ser archivadas fue un supuesto amaño de partidos para garantizar el ascenso del Hércules CF. En el año 2010, la compra de partidos no era delito en España. La Fiscalía intentó que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol abriera expediente disciplinario al club, pero desde el juzgado se denegó facilitar las escuchas que avalarían estos hechos. La Justicia entendía que el uso de estas conversaciones privadas vulneraba el derecho a la intimidad de los interlocutores para perseguir un hecho que entonces era una infracción administrativa. Sin pruebas, el expediente se archivó.
La Generalitat
El Centro de Congresos y el exconseller Gerardo Camps
Otra de las piezas archivadas del caso Brugal, afectaba al exvicepresidente del Consell y exconseller Gerardo Camps. Según la Fiscalía, las escuchas apuntaban a que el promotor Enrique Ortiz se estaría valiendo del piloto de rallyes Miguel Fuster para que éste usara su relación con Gerardo Camps para hacerse con los proyectos del Centro de Congresos proyectado en el barrio de la Sangueta y el Centro Cultural de San Vicente. El juzgado valoró que de las conversaciones entre Ortiz y Fuster no se desprendían indicios de una supuesta influencia y presión al político autonómico.
Obras bajo sospecha
La financiación irregular de la Fundación Hércules
Otra de las piezas archivadas fue una presunta financiación irregular de la Fundación Hércules, que atravesaba apuros económicos, a través de empresas adjudicatarias de obras menores de la Diputación. En esta causa llegaron a estar imputados el expresidente de la Fundación y encausado en varias piezas del caso Brugal, Rafael Gregory, así como el actual presidente de la Diputación Carlos Mazón, en el que se encargaba del área de Infraestructuras en dicha institución. La juez archivó el caso a instancias de la Fiscalía al entender que las adjudicaciones bajo sospecha fueron decisión de los técnicos y no existió presión alguna de los representantes políticos.
Hacienda
La filtración de información tributaria de Ángel Fenoll
Uno de los primeros casos en pasar la prueba de fuego de la nulidad de las escuchas del caso Brugal fue una presunta filtración de datos fiscales del empresario Ángel Fenoll, sometido a una inspección por fraude, que tenían carácter reservado. En aquella causa fueron acusados un asesor de Fenoll y una funcionaria de la Agencia Tributaria. La Audiencia avaló las escuchas usadas en ese caso y les impuso a ambos una penas de dos años cárcel. Posteriormente, el Supremo revocó esa condena al entender que los hechos no eran constitutivos de delito. La información obtenida ni era relevante para el interés público y la podía haber obtenido Ángel Fenoll con sólo acudir a las dependencia de la Hacienda, según el fallo del Alto Tribunal que no se pronunció sobre las escuchas.
El día de los registros
Un revólver en la caja fuerte de la empresa de Ortiz
Los registros practicados el día que estalló el caso Brugal en julio de 2010 tuvieron una sorpresa inesperada. En la caja fuerte de Cívica, mercantil de Enrique Ortiz, los agentes encontraron un revólver para el que el empresario no tenía licencia. Por este motivo, el promotor y tres de sus empleados que tenían acceso a la caja fueron acusados de un delito de tenencia ilícita de armas. Uno de los empleados asumió que el arma era suya y dijo que fue un regalo de un familiar. La guardó en la caja fuerte años atrás y había olvidado que estaba allí, mientras que el resto argumentaba que no sabían nada de ella. La sentencia fue absolutoria hasta para el dueño del revólver, porque el magistrado entendió que para él los hechos estaban prescritos.
Urbanismo
La investigación por el plan Rabasa de Alicante
La investigación por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa de Alicante fue una de las primeras piezas separadas que se desgajó del caso Brugal cuando la macrocausa de corrupción todavía estaba secreta. El juzgado de Alicante al que llegó esta causa denegó la petición de escuchas que le planteaba la Fiscalía y archivó la denuncia. Sin embargo, el teléfono de Enrique Ortiz ya estaba intervenido por otras líneas de investigación del caso Brugal por el juzgado de Orihuela. Con el contenido de todas esas conversaciones, Esquerra Unida pidió la reapertura del caso, a lo que se sumó la Fiscalía. La imputación de Sonia Castedo en este caso, que ya estaba imputada en el proceso del PGOU, acabó propiciando su dimisión. Año y medio después, el juzgado archivó la causa al no ver indicios de delito. En la resolución donde se daba carpetazo al tema, el magistrado deslizaba que podría haber una nulidad de las escuchas.
La condena
La estafa de los hermanos Gregory en la mercantil Autisa
La Audiencia de Alicante tuvo que analizar los autos que autorizaban las escuchas de Brugal y sus prórrogas en un proceso por estafa en la mercantil Autisa que sentaba en el banquillo a los hermanos Rafael y José Vicente Gregory. Las magistradas dieron por válidas las escuchas que ahora se han tumbado en Elche y condenaron a los empresarios a tres años y medio de cárcel, en una fallo que está recurrido ante el Supremo. La sentencia absolvía a otros doce de los quince acusados porque sí veía algún defecto de forma en los autos que autorizaban los pinchazos. Según las magistradas, la medida de intervenir los teléfonos era «proporcionada a la gravedad de los delitos investigados».
