El Ayuntamiento de Callosa de Segura deberá pagar 392.000 euros a la anterior adjudicataria del servicio de recogida de basuras a la que rescindió el contrato en el mandato anterior. Un juzgado ha condenado al consistorio callosino a pagar a la mercantil Sirem, propiedad del empresario oriolano Ángel Fenoll, por el impago de varias facturas a la empresa desde el año 2012 (cuando gobernaba el PP) y que tampoco fueron abonadas posteriormente por el tripartito de PSOE, EU y Somos Callosa (que gobernó hasta 2019). El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche estima parcialmente el recurso presentado por la mercantil Sirem y condena al Ayuntamiento por el impago a la demandante de facturas desde el 31 de agosto de 2012.

La reclamación inicial de la mercantil ascendía a 411.157,04 euros, cantidad que se vio minorada después de que el anterior equipo de gobierno alegara en vía judicial la prescripción de la reclamación relativa a aquellas deudas anteriores a 2012, cuestión que fue aceptada por la jueza, por lo que la cuantía ha quedado fijada en 392.000 euros con los intereses. El juzgado obliga al consistorio al cumplimiento de la sentencia dictada el 31 de julio de 2018, así como la liquidación de intereses de fecha 30 de enero de 2019.

A Fenoll le comunicaban esta semana la absolución por parte de la Audiencia Provincial en el caso Brugal, donde estaba imputado como uno de los presuntos cabecillas en la causa que investigaba el supuesto amaño de la contrata de basuras en Orihuela. Ahora, el polémico empresario recibe otra buena noticia para sus intereses ya que el consistorio callosino debe ingresarle 392.000 euros como ha dictado un juzgado.

Sirem era la adjudicataria del servicio de recogida de basuras en Callosa de Segura. Un contrato que el anterior equipo de gobierno tripartito (PSOE, EU y Somos Callosa) decidió rescindir en noviembre de 2016 alegando incumplimientos del mismo. El más grave de ellos, según explicó el entonces gobierno, era el que la empresa no cumplía con su obligación de disponer de un vertedero autorizado al que derivar los residuos y, además, negarse a afrontar el coste de depositar los desechos en otras plantas de tratamiento. El entonces concejal de Servicios, Rubén Manresa (EU), anunció que el Consistorio incautaría la garantía de más de un millón de euros que la empresa aportó al asumir la concesión del servicio, en 2005, y que el procedimiento de rescisión estaba avalado por el Consejo Jurídico Consultivo. El servicio fue entonces municipalizado.

Resolución

La portavoz del actual equipo de gobierno de PP y Cs, Inmaculada Cascales, ha asegurado que el tripartito "ya había dejado de pagar algunas facturas a la empresa, así que efectuó una liquidación por los supuestos incumplimientos. ¿Qué pasó entonces? Que la empresa reclamó en el juzgado y el juez le dio la razón y condenó al Ayuntamiento de Callosa al pago a la empresa". Cascales ha añadido que "la gestión es nefasta, pero a esto hay que añadir que la sentencia en firme es de octubre de 2018 y la resolución de intereses de enero de 2019. En total 392.000 euros de deuda que el Ayuntamiento conocía y que ni previó ni presupuestó para 2020".

El Ayuntamiento de Callosa de Segura está inmerso en pleno proceso de reordenación de los procesos y sentencias judiciales procedentes de la anterior etapa de gobierno, que han supuesto solo en deuda generada por sentencias judiciales contrarias más de 1,3 millones de euros, según el actual gobierno. "Ahora tenemos un pago de 60 millones de las antiguas pesetas al que tienen que hacer frente todos los callosinos por la mala gestión del anterior equipo de gobierno, que ha dejado las arcas públicas en una situación muy delicada, gracias a sus aventuras judiciales", ha criticado Inmaculada Cascales.

Impagos de facturas

Aunque desde el equipo de gobierno han ligado la sentencia a la rescisión del contrato, lo cierto es que se refiere al impago de facturas a la anterior adjudicataria de las basuras, como ha podido comprobar este medio. Este hecho fue criticado ayer por el portavoz de EU y exedil de Hacienda, Rubén Manresa, quien señaló que "las mentiras vertidas de forma manifiesta y totalmente malintencionada por la señora Cascales con el único fin de engañar a los vecinos de Callosa de Segura ponen de relieve su nula catadura moral". Manresa reclamó la dimisión de la portavoz del gobierno "por mentir" y aclaró que la liquidación a la que se refiere "es la de la maquinaria que Sirem nos entregó destrozada y que está pendiente de resolución judicial, porque la de los incumplimientos ya la ganamos".

Según el portavoz de Esquerra Unida, Cascales "debe presentar su dimisión inmediata o ser cesada por faltar al respeto a los ciudadanos y hacer un uso totalmente ilegítimo de las funciones inherentes a su cargo. Un cargo del que hace dejación de funciones y por el que, recuerdan desde el colectivo de izquierdas, percibe un salario bastante mayor que sus predecesores".