El equipo de gobierno del PP-Cs en el Ayuntamiento de Callosa de Segura ha sacado a la luz una deuda, procedente en su mayoría de los años entre 2015 y 2019, de más de 2,9 millones de euros. La deuda generada procede principalmente del impago a organismos oficiales y sentencias judiciales. En concreto 1.364.000 millones de euros son adeudos procedentes de sentencias judiciales, y 1.585.365 millones euros de impagos a organismos oficiales y concesionarios.
El alcalde de Callosa, Manuel Martínez Sirvent (PP) indica que "en este primer año hemos puesto en marcha una auditoría que en breve tendremos y expondremos a la ciudadanía. Y hemos reestructurado el cuerpo administrativo de la concejalía de Hacienda. En unos días habrá una nueva persona al frente de intervención, y tenemos previsto recuperar los plazos de pago establecido por la ley".
Según el primer edil, "el Ayuntamiento de Callosa tiene una situación económica delicada. Hemos tenido cueatro años de gestión poco responsable, en la que se han maquillado las cuentas. El anterior equipo de Gobierno dejó de atender pagos, solo pagaba las facturas de proveedores y las deudas con los bancos, por obligación legal. Como hemos podido comprobar existe una importante deuda con administraciones públicas como el Consorcio de Bomberos (302 mil euros) Consorcio de Basuras, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Convega, Mancomunidad Canales del Taibilla (217 mil), concesionaria de la Escuela Municipal Ninos (220 mil euros), actualización precios de empresa de alumbrado público (400 mil euros), entre otras".
"A esto- subraya el Alcalde- hay que sumar las sentencias judiciales perdidas que suman 1,3 millones de euros. Este Ayuntamiento es responsable y estamos pagando todas las deudas que nos han dejado en un cajón, y a la que tenemos que hacer frente entre todos los callosinos. El COVID ha retrasado el nuevo presupuesto, por lo que sigue vigente el presupuesto del Tripartito de 2019. Unas cuentas irreales que contemplan ingresos que no existen, como los de ADIF o SIREM solo han sido ventas de humo del anterior gobierno. Con estimaciones y promesas no se pueden realizar un presupuesto sobre todo cuando las sentencias judiciales te quitan la razón".
Este anuncio sobre la deuda del anterior mandato se produce un día después de que el PSOE en la oposición denunciara públicamente el incremento en un 100% del plazo medio de pago a proveedores, que se sitúa en estos momentos en más de setenta días, más del doble del límite legal. El portavoz socialista, Fran Maciá, aportó la estadística oficial para documentar que el incremento se ha producido durante el actual mandato.
