La partida de gastos de personal cuadruplica a la prevista en inversiones en el presupuesto del consorcio comarcal de gestión residuos de 2020, que ha estado en exposición pública. Esas cuentas contemplan 221.000 euros en gastos de personal y solo 51.000 en inversiones. Otros 493.000 se destinan a gastos corrientes. El incremento en el gasto de personal está vinculada a la previsión de contratar a un gerente, ampliar el contracto al técnico adscrito a este organismo, además de contar con un jurista. La partida también incluye las asignaciones por asistencia a los órganos colegiados. Una junta con representantes de los 27 municipios de la comarca y la comisión técnica más reducida que tomas las decisiones.
Este consorcio para la gestión del plan zonal de residuos de la Vega Baja se constituyó hace ahora quince años quince años -en 2006- y no ha tenido prácticamente nada que gestionar durante todo este tiempo, más allá de la decisión de derivar la eliminación de basuras a vertederos autorizados con capacidad fuera de la comarca y la Región de Murcia. No hay vertedero comarcal. No hay plantas de transferencia. Las instalaciones recogidas en el plan, aprobado en abril de 2005, no se han llegado a ejecutar, enfangadas, primero, en la sospecha de la trama de corrupción del caso Brugal desde 2007, que investiga la concesión supuestamente fraudulenta del concurso a Cespa (filial de Ferrovial)-Ortiz. Después con la recisión de la contrata a esa misma UTE- que se adoptó por motivos técnicos al margen del Brugal-. Y por último, con la reclamación judicial de esa firma que le da la razón a la hora de recuperar la contrata y que está recurrida en casación ante el Supremo por el consorcio.
La plaza del gerente está pensada para supervisar desde la entidad pública las infraestructuras que construya la empresa que finalmente se adjudique el contrato -si algún día llega ese momento-. Ahora tiene poco o nada que gestionar. No se han iniciado las obras de la planta de transferencia de basuras de Dolores -impulsadas por la vía de urgencia por la Generalitat para abaratar costes de transporte-. Solo existe una infraestructura propia del consorcio: el ecoparque móvil adquirido en el anterior mandato, al que se le quiere dar mayor movilidad desde ahora, además de desarrollar un programa de educación ambiental-su presencia ha sido testimonial y de divulgación del reciclaje en mercadillos-.
La dura oposición del PP a la planta de transferencia de Dolores se ha diluido desde el momento en que el control del organismo público pasó a manos de esta formación tras las elecciones de junio de 2019. Ahora está presidido por la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP). El Consorcio Vega Baja Sostenible informó sobre la aprobación provisional de estos presupuestos el 12 de marzo con una nota de prensa centrada en la inversión prevista para reforzar el ecoparque móvil sin desglosar el presupuesto total y con una sola referencia a la contratación del jurista. La exposición pública quedó paralizada por el estado de alarma.
