El proceso iniciado hace unos meses para que los directores generales nombrados directamente por el alcalde Eduardo Dolón (PP) se hicieran con el control de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Torrevieja ha culminado. La última incorporación ha sido el nombramiento como titular del director general de Urbanismo, Víctor Costa en sustitución del jefe funcionario de Urbanismo, Santiago Romero.
En manos de la mesa de contratación está la decisión del destino de cientos de millones de euros de dinero público en los próximos años, como la adjudicación de la recogida de basuras o la contrata del transporte urbano y todos los contratos de inversión en obras. Es un órgano colegiado que resuelve cada una de las fases de de los procedimientos de contratación en las adminsitraciones públicas: inicio del expediente, redacción de pliegos, licitación, adjudicación, evaluación de ofertas, resolución de recursos, entre otros -todavía en 2020, hasta el contrato más sencillo se puede convertir en una pesadilla burocrática-.
Poco a poco la dirección política del Ayuntamiento ha ido apartando de la mesa a funcionarios habilitados o jefes de departamento. Primero -ya al final del anterior mandato- salió del órgano colegiado la secretaria general del pleno Pilar Vellisca, luego lo hizo la oficial mayor Pilar García Francés y después el anterior jefe de Recursos Humanos, Antonio Marí.
En el anterior gobierno municipal de coalición de izquierdas dos de los seis titulares de la mesa eran políticos. En el actual el alcalde Eduardo Dolón ha optado porque los los miembros del equipo de gobierno del PP estén ausentes. Ahora se ha comprobado que prefiere contar con técnicos de su confianza, que además son funcionarios, y se harán responsables de sus decisiones que sin que esa responsabilidad recaiga también en miembros de su equipo.
En 2004 la adjudicación fraudulenta de la contrata de basuras terminó con una condena de cárcel en 2011 para el exalcalde Pedro Hernández, que formaba parte de la mesa de contratación.
En la mesa de Contratación ya estaba la directora general de Recursos Humanos y Contratación, Rosana Narejos y el director general de Economía, Juan Carlos Carmona, como secretario. Ahora se han incorporado el director general de Urbanismo y Obras y Servicios, Víctor Costa por el jefe de Urbanismo Santiago Romero y una funcionaria de amplia trayectoria en el área económica en sustitución del Jefe Accidental de Obras y Servicios, Francisco Cruz. Esta última incorporación se aprobó a propuesta de la edil de Contratación, Carmen Gómez. La mesa se completa con el nombramiento de una funcionaria con amplia experiencia en el área de Intervención y el propio Interventor, Jesús López -que llegó al Ayuntamiento poco después de iniciarse al actual mandato avalado con sus decisiones la estrategia del equipo de gobierno frente a los informes de otros técnicos-. El listado de seis miembros se cierra con un técnico adscrito al área de innovación.
Eduardo Dolón explicó a INFORMACIÓN que la decisión de modificar la composición de la mesa de contratación está en consonancia con las que ha adoptado en los últimos mesas a la hora de apostar por cubrir las plazas de directores generales vacantes y crear otras con una función capaz de agilizar la gestión municipal. Dolón admitió que durante su anterior mandato (2011-2014) la falta de ejecución legal de la voluntad política del gobierno lastró muchos de los proyectos previstos y cree que es algo que también le ocurrió a su antecesor en el cargo, José Manuel Dolón (Los Verdes). "Teníamos que hacer algo. No podíamos estar parados y que volviera a ocurrir. Y la elección de estos cargos va en ese camino, también el que estén en la mesa de contratación". La designación de estos altos cargos ha generado polémica porque están vinculadas a unas retribuciones brutas anuales en torno a cien mil euros. Estos directores generales, de los que se puede dotar legalmente una ciudad de gran población como Torrevieja, son nombrado de forma discreccional por el primer edil con el único requisito de ser funcionarios y que su escala en la administración se adecúe al puesto que van a desempeñar. La posibilidad de designar estos altos cargos es la única capacidad de la ley de Gran Población que ha aprovechado Torrevieja desde que accedió a esa condición en 2006.
Sin ir más lejos esta mesa de contratación debe valorar las ofertas que las multinacionales del sector realizarán para hacerse con la contrata de la recogida de basuras: para un periodo de 15 años cuenta con un precio estimado de 389 millones de euros, como avanzó INFORMACIÓN, aunque el pliego ya recoge la posibilidad de modificaciones al alza por la integración de nuevas zonas urbanizadas, con lo que el desembolso puede superar los 486 millones de euros. Pero el Ayuntamiento tiene también cartera la adjudicación de la contrata de transporte urbano -el alcalde dijo el miércoles en el pleno que ni tan siquiera considera la posibilidad de analizar si la municipalización del servicio es una opción más económica o eficiente que la gestión indirecta-. Otros asuntos en agenda son las adjudicaciones de proyectos y obras por valor de 12 millones de euros previstos en los presupuestos de 2020 con actuaciones en infraestructuras como la Ciudad Deportiva, el paseo de La Libertad, el parque de la Siesta o el Alto de la Casilla.
Estos dos servicios, basuras y transporte urbano, los más importantes en el gasto corriente del Ayuntamiento, se realizan sin mediar contrato desde hace años en una situación que se remonta a anteriores gobiernos del PP: la contrata de basuras debió licitarse en 2014 y agotó sus dos prórrogas en 2016 y el servicio de transporte se ha realizado amparado en un extraño acuerdo de convenio de explotación de "tráficos interurbanos" adjudicados a la empresa que invalidaron los servicios técnicos municipales.
