El pliego de licitación de la recogida de basuras, limpieza viaria y aseo urbano de Torrevieja recoge un periodo de vigencia del contrato de quince años y un desembolso municipal a la empresa adjudicataria para hacer frente al pago del servicio público de 382 millones de euros. La junta de gobierno local tiene previsto hoy aprobar este documento que llega al órgano colegiado con cinco meses de retraso sobre las previsiones apuntadas por la edil de Contratación, Carmen Gómez.
El precio estimado del contrato anual es de 23.182.742 euros a los que se suman 2.318.00 euros del IVA. La recogida de basuras supone 6 millones del total. La limpieza viaria y aseo urbano otros 9 millones y la de playas 1,1 al año. Además, el proyecto contempla la gestión por parte de la empresa adjudicataria del ecoparque en el marco del mismo contrato con un desembolso de 416.000 euros. En el documento de síntesis al que ha tenido acceso este diario aparece una partida de "otros" con cinco millones de euros anuales.
Esta es la propuesta del equipo de gobierno del PP para adjudicar el contrato a una empresa del principal servicio público municipal que realiza ahora Acciona sin contrato desde junio de 2016. La multinacional española se adjudicó la prestación en 2004, agotó el plazo de vigencia en 2014 y dos prórrogas consecutivas de un año. A petición del municipio la empresa asumió la continuidad de la prestación en las mismas condiciones -el municipio abona unos 15 millones de euros anuales ahora-.
El pliego se aprueba en pleno estado de alarma y sin que el equipo de gobierno del PP, presidido por Eduardo Dolón, haya podido todavía aprobar provisionalmente los presupuestos municipales de 2020, donde está consignado ese nuevo gasto -el principal aumento en ese presupuesto de 93 millones a 117 anuales se deriva del contrato de basuras-. Cuentas que podrían llegar al pleno la semana que viene.
Juzgados
El proceso de adjudicación de 2004, del que se deriva el actual servicio, terminó en los tribunales con una condena de tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental del entonces alcalde responsable de procedimiento, Pedro Hernández Mateo (PP) por amañar el concurso a favor de Acciona, aunque la sentencia no anuló el acto administrativo.
El anterior equipo de gobierno de coalición de izquierdas, que gobernó en minoría entre 2015 y 2019, intentó tramitar la municipalización de la recogida de basuras. El voto en contra del PP y Cs lo impidió.
El pliego de adjudicación para que una empresa se haga cargo del servicio supone un cambio sustancial sobre la propuesta que dejó sobre la mesa el anterior equipo de gobierno de coalición de José Manuel Dolón (Los Verdes), que tras renunciar a la municipalización, estimó un coste anual de 16 millones de euros con un periodo de vigencia del contrato de cuatro años bajo la fórmula de prestación de servicios. En ese momento se esgrimió que la Intervención municipal impedía que se adjudicara por más tiempo pese a que bajo esa fórmula la renovación de maquinaria iba a ser muy limitada porque la empresa adjudicataria no iba a poder amortizarla.
El Partido Popular anunció al asumir por mayoría absoluta en 2019 el gobierno municipal que ese pliego, elaborado por los técnicos municipales, no era el válido.Adjudicó a finales del año pasado, con un informe en contra del departamento de Personal y otro favorable del área de Intervención, la redacción de un nuevo pliego externo a través con un contrato menor adjudicado a dedo. El funcionario que firmó el informe en contra ha sido desplazado de la jefatura del área de Personal.
El PP va a justificar el periodo de vigencia de 15 años del nuevo pliego, que casi convierte la prestación en una concesión, en el tiempo necesario para que la adjudicataria pueda realizar una renovación integral de todo el servicio y la maquinaria -por las calles funcionan camiones de recogida con 15 años- y al tiempo poder amortizarla.
Este gasto del erario, financiado principalmente con los impuestos de los torrevejenses como el IBI o la Plusvalía, no incorpora el importe necesario para sufragar la eliminación de residuos en el vertedero, que el municipio abona directamente a los vertederos autorizados a través del consorcio comarcal de residuos y que supone un coste aproximado de otro millón de euros anuales.
