El arquitecto Víctor Costa, director general de Urbanismo y Obras y Servicios de Torrevieja desde enero, tiene ya en sus manos la mayor parte del poder de decisión de este área municipal. El alcalde Eduardo Dolón (PP) le ha hecho responsable por decreto de 15 de las competencias que mantenía como concejal de Urbanismo, además de la que hasta abordaba la junta de gobierno como órgano colegiado que tramitaba los expedientes de restauración de la legalidad urbanística.
Todo ha pasado a manos de Costa, un arquitecto que ha desarrollado la mayor parte de su labor profesional en Torrevieja y que ha sido "fichado" como director general por Dolón con un sueldo de cien mil euros brutos anuales.
La decisión, adoptada en pleno estado de alarma y de la que el gobierno municipal no se ha hecho eco públicamente, descarga a Dolón de buena parte de la responsabilidad que supone resolver la tramitación de un área que el Ayuntamiento considera prioritaria en Torrevieja -es una de las pocas que mantuvo asistencia presencial durante la fase más aguda del confinamiento por la crisis sanitaria-.
La atribución de competencias a Costa -aunque el alcalde sigue siendo el último firmante de sus resoluciones- no va a dejar indiferente al funcionariado. En especial a los veteranos jefes de departamento de Urbanismo y Obras y Servicios a los que se les vacía de poder de decisión y donde Costa tendrá la última palabra porque también se le atribuyen en este decreto funciones de dirección de personal.
También decidirá sobre la personación municipal en procedimientos judiciales en sus áreas, procedimientos de expropiación y sobre los expedientes de infracción urbanística, además de los siempre polémicos expedientes de ruina inminente y peligrosidad, que en Torrevieja han sido empleados durante los últimos 35 años para eludir la protección del patrimonio arquitectónico local. Costa ha desarrollado la mayor parte de su labor profesional como arquitecto en el Ayuntamiento de Torrevieja.
Intervino, por ejemplo, en la tramitación de la polémica adjudicación de la contrata de basuras a Acciona en 2004 que derivó en la condena a tres años de cárcel del exconvicto alcalde Pedro Hernández y no mantiene una relación espacialmente fluida -desde el punto de vista técnico- con la mayor parte de la cúpula funcionarial desde hace años.
Delegación de competencias en el director general decidida por el alcalde:
Un ejemplo de la capacidad de decisión de un director general de Urbanismo fue la ubicación de señalizaciones de prohibición de aparcamiento de autocaravanas en las calas de Torrevieja. Durante el último tramo del anterior mandato de Dolón -2014 y 2015- y la posterior gestión de la coalición de izquierdas ningún funcionario quiso asumir un informe donde se desautorizara ese estacionamiento.
Hace unas semanas Costa se hizo responsable con su firma de esa prohibición y las caravanas han desaparecido del espacio público pese a las dudas legales sobre la actuación municipal en un espacio de servidumbre de protección de Costas.
