29 de abril de 2020
29.04.2020
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Adecsa reclama a Puig que cumpla su compromiso de rescatar el departamento de salud de Torrevieja

La Asociación Ciudadana por la Defensa de la Salud asegura que la reversión no supondrá un aumento del déficit públicco

29.04.2020 | 21:09
Puerta de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja / Foto Tony Sevilla

El presidente de la Generalitat expresó hace unos días sus dudas sobre el proceso que debería comunicarse en el mes de octubre a Ribera Salud

La Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud (ACDESA) de la Comunidad Valenciana ha reclamado en un comunicado que la Generalitat "cumpla con su compromiso electoral" de revertir el departamento de salud de Torrevieja al sistema público en octubre de 2021.

El presidente de la Generalitat  Ximo Puig expresó hace unos días "sus dudas" sobre la conveniencia de la reversión de las concesiones sanitarias conocidas como modelo Alzira. En concreto a las de Torrevieja, que finaliza su contrato en octubre 2021, que gestiona Ribera Salud, y Dénia, que termina en 2024 y con DKW al frente, por las "repercusiones que podrían tener sobre el déficit público" y también en actual contexto de crisis sanitaria.

Puig apuntó a El Economista que además de integrarr esos hospitales al sistema público cabía la posibilidad de formular una nueva relación con el modelo público-privado que representa Ribera Salud sugiriendo un mayor control por parte de la administración pública de la gestión del modelo privado, que ahora se limita, por contrato, a la presencia de un comisionado nombrado por el Consell.

A la asociación "le parece una excusa para abandonar el objetivo estrella del pacto del Botànic, porque el impacto que tiene la reversión de Torrevieja, que retorna al sistema público sin coste, "sobre el déficit público es nulo". Y en el caso de Dénia, el coste puede "ser cero" si se tienen en cuenta los "incumplimientos sistemáticos de contrato por parte de la empresa concesionaria, que se han denunciado en numerosas ocasiones por los ayuntamientos del departamento y la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública de la Marina Alta".

El "enorme déficit público" que se va a producir tras la pandemia, "habrá que afrontarlo tanto a nivel comunitario, como estatal, europeo y mundial y probablemente traerá como consecuencia un cambio de paradigma productivo y de financiación que necesariamente habrá de tener una visión más solidaria y colaborativa entre territorios". Por lo que usar "el aumento del déficit que se va a generar en estas circunstancias, nos parece un argumento falaz que se aprovecha del temor que está generado en la ciudadanía la crisis sanitaria del COVID-19 para no afrontar la reversión del modelo concesional".

A la asociación estas dudas de Puig le parecen "más bien influidas por la presión que Ribera Salud está ejerciendo sobre el gobierno valenciano, negociando su permanencia en el complejo concesional Elx-Torrevieja; ultimando la negociación con Sanitas para hacerse con el control del departamento de Manises y poniendo todos los inconvenientes que ha podido en la negociación entre Generalitat y DKW para evitar la reversión anticipada de Dénia a la que se comprometió Ximo Puig".

Los contactos entre Centene (propietaria de Ribera Salud) y el presidente de la Generalitat vienen desde antes de la reversión del Hospital de Alzira. Desde Acdesa se reclama que se haga frente al compromiso electoral firmado en los pactos del Botànic I y II y que "se revierta al sistema sanitario público el modelo concesional, mediante una negociación transparente y en la que primen los derechos ciudadanos a una asistencia sanitaria pública, de calidad, equitativa y que no genere beneficios económicos a la empresa privada. Por tanto entendemos que debe haber un posicionamiento claro de los partidos que forman parte del Gobierno del Botànic sobre este punto".

La obligación del gobierno valenciano "es auditar de manera transparente y objetiva, no solo desde el punto de vista de eficiencia económica sino también de eficiencia social, las concesiones sanitarias. Así como analizar los escenarios más favorables para acometer estas reversiones para el pueblo valenciano".

En opinión de Acdesa la situación de crisis sanitaria, social y económica que "estamos viviendo a causa de la pandemia de COVID-19, no puede ser una excusa para abandonar la reversión a la sanidad pública del modelo Alzira. Precisamente lo que está demostrando esta pandemia es que el modelo de sanidad pública es el que mejor puede hacer frente, ante cualquier contingencia, a pesar de los constantes recortes y la precariedad a que ha sido sometido durante los años de gobiernos conservadores. Madrid y Cataluña, con más recortes y con modelos sanitarios más privatizados es donde más impacto negativo ha tenido la pandemia. La sociedad ha comprendido que el sistema público de salud, con el enorme esfuerzo de sus profesionales, es el que ha respondido de manera más eficaz a una situación de salud tan negativa, al superar todas las previsiones". La reversión debería producirse en octubre de 2021 pero debe comunicarse un año antes, es decir, el próximo mes de octubre.

En Torrevieja, una asociación nacida hace unos meses y ligada al personal del centro sanitario y a excargos públicos del Ayuntamiento de Torrevieja"Sanidad Excelente", reivindica la continuidad del modelo público privado de Ribera Salud al "margen de ideologías" y valorando exclusivamente su eficacia. Algo que ha hecho también durante los últimos días, cuestionando la gestión de la pandemia por parte de la Generalitat y poniendo en valor la realizada por Ribera Salud y pidiendo expresamente que la prórroga de la concesión -que aparece por un periodo de cinco años en el contrato- . En en el departamento de salud de Torrevieja han fallecido 46 personas por el virus y se han notificado más de 370 casos positivos, situándose por encima de la media de los departamentos de salud de la Comunidad.

Ribera Salud ha indicado públicamente que no hay razones objetivas para que la Generalitat realice la reversión y esgrime, sobre todo, un informe de la Sindicatura de Cuentas de la propia administración autonómica que señala que el modelo ahorra 45 millones de euros anuales al erario frente a departamentos de gestión directa de similares características.

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