Una de las derivadas políticas de la crisis sanitaria ha sido la fractura de parte de los consensos neoliberales que, al menos desde finales de los años 70 -y de forma acelerada tras la crisis de 2008-, han configurado nuestro mundo, también nuestros municipios. Durante décadas, hemos asistido a la aplicación de políticas económicas marcadas por, entre otras cosas, el debilitamiento del Estado del Bienestar, grandes privatizaciones, mercantilización de servicios públicos, ventajas fiscales para multinacionales o grandes fortunas y, en el caso del sur europeo, desmantelamiento de industria y agricultura. Un proceso que se ha saldado con crecientes cotas de desigualdad, precariedad y tensiones políticas. Todo ello, además, en el marco de una cultura cada vez más individualista y competitiva, donde la lógica destructiva del "mercado" ha engullido a la lógica cooperativa de la democracia y los derechos.

Sin embargo, la crisis sanitaria ha "desnudado" debilidades en el ámbito socio-económico. Hasta el punto de que, en pocas semanas, se ha hecho innegable la necesidad de aplicar políticas expansivas, lideradas por el Estado, para proteger la actividad económica y garantizar derechos sociales básicos. Como se ha hecho evidente que las libertades individuales son una quimera si no asumimos nuestra interdependencia y necesidad de un cuerpo social saludable.

No obstante, este aparente consenso no cancela el antagonismo político. Seguramente, algunos de los sectores que hoy reclaman la intervención del Estado, lo hacen con la esperanza de repetir el mismo esquema de 2008: que sean los poderes públicos y la gente común quienes asuman el coste de la crisis para, posteriormente, volver a ser los más privilegiados quienes obtengan las ganancias de la recuperación. Por tanto, la clave no es sólo cómo reconstruir la economía, sino cómo transformarla.

En este debate, nuestros Ayuntamientos están llamados a jugar un papel fundamental. Durante décadas, buena parte de Gobiernos Locales han estado orientados por dinámicas que algunos teóricos calificaron como "gerencialismo" y "empresarialización urbana". Éstas implicaban, entre otras cosas, reducir el ámbito local poco menos que a prestar unos cuantos servicios (cada vez más privatizados o mercantilizados), aplicar una política social de baja intensidad (de tipo caritativo-asistencial y a menudo externalizada en ONG o empresas) y negar toda posibilidad transformación política o cuestionamiento del modelo económico vigente. Todo ello mientras se fomentaba un "desarrollo" local que, especialmente en el litoral mediterráneo, se basaba en una dependencia tóxica del desarrollismo urbano y la turistificación del territorio, al tiempo que se destruían otros sectores de actividad. Numerosos Ayuntamientos comenzaron a cuestionar esta lógica de "pasividad local" en el marco del nuevo municipalismo surgido en 2015. Pero, en muchos otros, todavía tenemos un largo camino por recorrer.

En ese sentido, la soberanía económica de nuestros Gobiernos Locales es pequeña, pero fundamental. Nuestros Ayuntamientos tienen un papel que no puede ser sustituido por otras administraciones, ni confiado a agentes privados, puesto que es la primera línea institucional la que, desde lo más cercano, reconoce, representa y puede reconstruir los lazos sociales y red de cuidados que necesitamos. Más, si cabe, en el tiempo que viene.

En el corto plazo, hay diversas líneas de trabajo que, quizá, merezca la pena explorar en Orihuela. Aprobar presupuestos expansivos con un aumento cuantitativo (y cualitativo) del gasto social, para proteger a colectivos vulnerables y víctimas de la actual sacudida económica, superando las insuficientes "ayudas de emergencia"; reorientar los criterios de contratación para anteponer la creación de empleo al beneficio de grandes adjudicatarias, intentando, a su vez, que más pymes y autónomos/as accedan a contratos públicos; avanzar hacia una nueva cultura fiscal local para, en lo posible, hacer más progresivos tanto impuestos como tasas municipales, exigiendo más a quien más tiene y aliviando a pequeño comercio y rentas medias o bajas; agilizar pagos a proveedores para inyectar más liquidez en la economía local, especialmente cuando son, de nuevo, pymes o particulares; aumentar ingresos derivados de, por ejemplo, la sanción ágil de infracciones urbanísticas (que en Orihuela son muchísimas y constantes); fortalecer servicios públicos para crear más empleo al tiempo que, con ellos, protegemos los derechos y necesidades de la población; contribuir a la creación de cooperativas en el municipio; crear sellos y mercados de producto local; reordenar, de una vez por todas, los recursos humanos del Ayuntamiento para cuidar al funcionariado y, sobre todo, agilizar las inversiones y servicios municipales para la ciudadanía...etc.

Ciertamente, algunas de estas medidas precisan cambios legislativos y económicos a nivel estatal o autonómico. Pero, otras, sólo requieren imprimir una lógica más creativa, flexible y transformadora al ámbito local. Debemos desplegar todo el poder que puede tener el Ayuntamiento para intervenir en la vida económica del municipio, contribuir a poner orden en la misma y orientar la reconstrucción post-pandemia hacia una protección del bien común que no deje a nadie atrás.

La crisis financiera de 2008 primero, la climática después y, ahora, la sanitaria han vuelto a poner de manifiesto el acierto de la máxima popular que nos recuerda que "no volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema". Ahora, la pregunta es cómo transformar, para mejor, esa vieja normalidad, también desde nuestros pueblos y ciudades.