Ni un día de tranquilidad. El sector agrícola de la provincia, estratégico y clave en la batalla contra el coronavirus, al asegurar el abastecimiento de los supermercados, se ha encontrado con una nueva crisis provocada por las limitación al movimiento de personas en la UE. Según la estimación de Asaja-Alicante, al campo le faltan por cubrir el 60% de los puestos de trabajo que genera la recolección de frutas y verduras, lo que amenaza con dejar en los bancales el 40% de la producción, dejando desabastecidos los mercados y, por ende, encarecería el producto. En juego, ahora mismo, toda la fruta de hueso que empieza recogerse. Nísperos, nectarinas, albaricoques, cerezas, pero a partir de mayo todo lo demás, incluidos los primeros melones. El sector de los cítricos en la Vega Baja también teme el éxodo masivo de las cuadrillas a la fruta de hueso de Murcia, que arranca en unos días.

Los temporeros son trabajadores emigrantes, muchos con niños y personas mayores que no pueden salir de casa o no se atreven. Otros no tienen coche propio, y existen grandes limitaciones al transporte colectivo, aunque se permita viajar a dos personas en un automóvil, sentados en diagonal, o tres en una furgoneta de nueve plazas. Existen también temporeros que no tienen todos los papeles en regla y ahora mismo no se atreven a salir de casa.

Según Asaja-Alicante, el sector se defiende, pero en dos semanas puede haber problemas, debido a que están cerradas las fronteras para rumanos, polacos y marroquíes, el grueso de la mano de obra en el campo. «Los españoles no quieren trabajar en el campo. Con la crisis de 2008 sí hubo trasvase de la construcción y la hostelería a la agricultura, pero esto no va a pasar ahora si como dicen en un mes se reactiva la economía», advierte José Vicente Andreu, agricultor y portavoz de Asaja en la Vega Baja.

Rafael Gregori, productor de níspero de Callosa d`Ensarrià, apunta que «estamos preocupados porque muchos de nuestros temporeros son rumanos, marroquíes que viven aquí pero se han quedado en casa por el temor al coronavirus, y otros son andaluces que no han venido. De momento aguantamos pero ahora viene lo fuerte, la recogida de unos 13 millones de kilos de nísperos».

Lo peor llegará en 15 días cuando arranca la recogida de la fruta de hueso como los albaricoques y nectarinas, y sobre todo en mayo, cuando empiece el resto, como, por ejemplo, la cereza de la Montaña, que necesita mucha mano de obra. El Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma establece que las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario. La producción agrícola, ganadera y acuícola, así como la pesca forman la cadena de abastecimiento alimentario que debe garantizarse.

Asaja reclama reforzar las cuadrillas con trabajadores en paro de la hostelería

La organización agraria plantea al Gobierno flexibilizar los ERTE para que los afectados puedan ayudar

Asaja-Alicante reclama al Gobierno que trabaje en una solución que de salida a esta situación cuanto antes, problema, además que está generando una inestabilidad preocupante en un sector, el de la alimentación, que está siendo clave en esta crisis sanitaria.

«Por tanto, pedimos que se trabaje con máxima celeridad en una solución común con la UE que permita, o bien facilitar la movilidad de los temporeros dentro de la UE o los que provenían del norte de África, o hacer un llamamiento para que trabajen en el campo a todas aquellas personas que se hayan quedado en el paro por esta crisis, facilitando algún tipo de sistema que permita compatibilizar estar acogido a un ERTE y no perder la prestación por trabajar en el campo», apuntó ayer Ramón Espinosa, director técnico de Asaja.

Asaja recordó, en este sentido, que decenas de miles de personas del sector turístico en Benidorm y la provincia se han visto obligadas a dejar de trabajar por el cese la de la actividad de hoteles y restaurantes debido al Covid-19. Sin embargo, se da la paradoja de que muchas de estas personas están sujetas a un ERTE y, por tanto, si aceptaran el trabajo en el campo perderían su prestación, «por lo que nos encontramos con una falta de incentivos financieros que les hagan venir a trabajar en el campo».