El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja rechazó ayer el procedimiento de recusación solicitado por tres altos funcionarios contra el alcalde Eduardo Dolón (PP). Fue en una con los votos favorables de la mayoría absoluta del PP, que también ha recibido el respaldo de la edil de Ciudadanos y la concejal de Vox. Mientras que el PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja han votado a favor de la recusación que solicitaba que el alcalde se abstuviera desde ahora de participar en los procedimientos en los que los funcionarios -la secretaria general, la oficial mayor, y un técnico de administración general hasta hace poco jefe de Recursos Humanos- aparecieran como interesados. Los solicitantes entendían que Dolón no podía ser imparcial con ellos puesto que los ha denunciado por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación a raíz de un informe del interventor en el que se describen esas irregularidades. La sesión plenaria extraordinaria de ayer a las ocho de la mañana lo ha rechazado.
La portavoz del PSOE, Fanny Serrano solicitó al inicio del debate que el asunto quedara sobre la mesa por la ausencia de la documentación o la información que daba origen a la recusación propuesta, que ha sido denegada. Sin embargo, la edil portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez, sí contaba con el informe porque lo pidió en la comisión previa al pleno y le fue entregado poco antes de la sesión, mientras que se le negó a Los Verdes "por no haberlo solicitado corréctamente según el PP: solicitaron el expediente judicial no el informe". Algo que permitió a Ciudadanos, y en especial al PP, dar oportunidad de "destripar" el contenido de la denuncia al interventor.
Gómez reclamó entonces que el interventor aclarara algunos puntos sobre ese informe -que luego se transformó en denuncia y que dio lugar a la recusación- y esa petición fue aceptada, sin que el escrito se haya incorporado al expediente, y tras un debate en el que la presidenta del pleno, Rosario Martínez Chazarra (PP), primero dijo que no se iba a leer el informe y después accedió a que se diera lectura al documento.
El interventor dijo que no iba a responder preguntas concretas sobre el informe y que se iba a limitar a leerlo. El PSOE alertó que la lectura del informe generaba indefensión en los funcionarios que recusaban y que se les llamara el pleno, algo que no fue escuchado por la presidenta del pleno, Rosario Martínez Chazarra. Los socialistas anticiparon que esa y otras irregularidades provocarían la nulidad de la sesión cuando sea recurrido.
Finalmente, tras un corto debate, el habilitado Jesús López, interventor en régimen de acumulación de funciones en Torrevieja, dio lectura completa al informe que trasladó al alcalde, citando en el texto a los ahora investigados por sus iniciales -aunque son sobradamente conocidos en el Ayuntamiento-. En primer lugar advirtió que son los juzgados los que deben pronunciarse sobre los hechos y subrayó la presunción de inocencia de los ahora investigados por su informe.
La denuncia, siempre según la lectura textual que hizo el interventor, dice que "le extrañó" al ocupar la plaza en agosto pasado que puestos de trabajo con una dotación económica de más de 75.000 euros no estuvieran ocupados. Y al realizar varias consultas al Registro nacional de funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y a la dirección general de Administración General de la Generalitat constató, ha asegurado hoy ante la Corporación, el público y los medios de comunicación, que la secretaria general no trasladó al órgano competente un acuerdo del pleno del 25 de abril de 2008 del Ayuntamiento en el que se aprobaba la provisión de una plaza de director de asesoría jurídica y otra de habilitado para el órgano de apoyo de la junta de gobierno.
Según la misma fuente, de esa falta de comunicación "dolosa", que se habría mantenido hasta la fecha, y que supuestamente conocían también los otros dos funcionarios, se beneficiaron los tres cargos con aumento de retribuciones y justificación de horas extra por desempeñar las funciones de los dos puestos no cubiertos durante toda la última década. En concreto, según la lectura en el pleno del interventor, la funcionaria Oficial Mayor, ha percibido 87.165 euros entre 2009 y 2109 en funciones de órgano de apoyo y otros 125.612 en horas extraordinarias en el mismo periodo. Por su parte, la secretaria, siempre según la lectura que ha hecho el interventor en el pleno del informe-denuncia, ha "devengado" 94.000 euros en horas extra entre 2009 y 2019 y finalmente el técnico de administración general hasta hace poco responsable de Recursos Humanos ha percibido en concepto de horas extra, derivado de las sustituciones del órgano de apoyo o asesoría jurídica 21.000 euros.
El interventor Jesús López ha continuado su lectura dando a conocer las retribuciones anuales de los tres funcionarios (para todos los conceptos) señalando "sobrepasan ampliamente las retribuciones del presidente del Gobierno, asimilándose a las que perciben magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional": la secretaria ha percibido 1.134.821 euros en estos últimos diez años -con una asignación situada entre 93.000 y los 114.000 euros anuales; la Oficial Mayor ha sido retribuida con 1.126.000 euros entre 2009 y 2019 y el Técnico de Administración General con 681.112 euros, con un incremento este último un 201% en la última década, según el informe al que ha dado lectura el interventor. El técnico ha asegurado que si el alcalde Eduardo Dolón no hubiera llevado la denuncia al juzgado lo hubiera hecho personalmente incluyendo en su informe al primer edil como responsable.
Pese a esta declaración el interventor podría haber denunciado directamente sin implicar al alcalde, tal y como ha ocurrido en otros tantos casos en ayuntamientos españoles. La responsabilidad de lo que señala la denuncia recae ahora en el primer edil.
El portavoz del PP, Federico Alarcón, indicó que tres informes técnicos rubricados por el secretario accidental, la directora general de Recursos Humanos y la asesoría jurídica d la Diputación avalan la decisión de no recusar al alcalde y ha dicho que la solicitud de los tres funcionarios parecía "una moción de censura administrativa" porque intentaba invalidar la acción de gobierno de Eduardo Dolón al apartarlo de procedimientos administrativos. En el mismo sentido se ha expresado la portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez, asegurando que tanto el trámite como la recusación en sí paralizaba la actividad municipal.
El caos y el mesías
El portavoz del PSOE, Andrés Navarro, destacó la celeridad del Ayuntamiento a la hora de conformar este expediente teniendo en cuenta la lentitud de otros y ha sugerido que con esta denuncia se intenta debilitar y acosar a los funcionarios que deben fiscalizar importantes procedimientos de adjudicación en los próximos meses como la contrata de basuras. Y se preguntó por qué no se ha abierto un expediente administrativo y se ha ido directamente a la vía penal.
El portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz, también habló de "acoso" a los funcionarios y aseguró que el equipo de gobierno está "manipulando" para poder actuar sin la fiscalización de esos funcionarios en asuntos tan importantes como el contrato de las basuras.
El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper lamentado que el municipio viva "una batalla campal" entre funcionarios cuando el alcalde Dolón llegó al cargo "para imponer el buen rollo entre el funcionariado e iba a ser el Mesías que todo lo arreglaba. Y ahora nos encontramos con caos, una crisis política sin precedentes en democracia en el Ayuntamiento con una petición de recusación al alcalde, desorganización y un municipio incapaz de aprobar los presupuestos pese a tener mayoría absoluta y que ha llevado ya tres veces los presupuestos de Habaneras con deficiencias sin poder aprobarlos".
