11 de marzo de 2020
11.03.2020
Información

Un juez suspende servicios en Torrevieja por la «precariedad» impuesta por la Generalitat

El juzgado de Primera Instancia 1 traslada a los abogados que anula el auxilio judicial al estar de baja el tramitador hace dos meses sin que se cubra la plaza

10.03.2020 | 22:48
Colas en el acceso al registro civil de Torrevieja, adscrito al juzgado de Primera Instancia 1.

La misma sala carece de letrado de justicia y asume toda la carga del Registro Civil.

El juzgado de Primera Instancia de Torrevieja trabaja a diario sin letrado de la administración de justicia, con un funcionario de baja desde hace dos meses y asumiendo toda la carga de trabajo del Registro Civil del partido judicial, servicio que tiene adscrito. Rafael Martínez Oliver, juez titular de este órgano judicial, se ha hartado de esperar. Al menos es lo que se desprende de un escrito que ha elevado a la junta de gobierno de jueces y abogados.

En ese documento avanza su decisión de suspender uno de los servicios que presta ordinariamente un juzgado: el de auxilio judicial que normalmente atiende solicitudes de otros juzgados de España que recaen por turno en el Palacio de Justicia.

«He decidido proceder a la suspensión de cualquier actuación que requiera auxilio judicial», indica el magistrado en una nota, remitida a los abogados que ejercen en Torrevieja. Y añade: «La precariedad a la que desde hace dos meses la Conselleria de Justicia ha sometido a este juzgado no cubriendo la baja por enfermedad de la persona que ostenta el cargo (de tramitación de auxilio judicial) en este juzgado ha obligado en este tiempo a utilizar a funcionarios pertenecientes al cuerpo de tramitación».

Esta situación impide, según explica el juez, que ese tramitador cumpla con las funciones propias del cargo para el que fue nombrado «y más -subraya el juez en su escrito- si se tiene en cuenta que por decisión de quien esto firma cubría la falta de personal en el Registro Civil».

A este escenario hay que añadir que el juzgado carece de letrado de la administración de justicia (secretario judicial) lo que hace «aún más complicada la función jurisdiccional». El juez remarca «que ha hecho lo imposible por impedir esta situación pero entiendo tras una profunda reflexión que es la opción que correspondía a este estado de cosas».

«De antemano» pide disculpas «por los graves inconvenientes que esto va a causarles a ustedes (letrados) y la ciudadanía» y que en la «medida de lo posible se intentará compensar cuando la situación se estabilice» mediante el señalamiento de días extraordinarios de juicio.

No es nada habitual que un juez decida por su cuenta suspender servicios ante la pasividad evidente de la administración y menos todavía que lo haga utilizando los términos que emplea. En el Registro Civil adscrito al mismo juzgado se produce todas las semanas una imagen poco acorde con un servicio público del siglo XXI. Personas mayores, enfermas o con movilidad reducida, hacen cola a la intemperie para obtener turno y tramitar una fe de vida en el Registro Civil. Un certificado imprescindible para tramitaciones ante otras administraciones y que también reclaman algunas empresas. Desde hace años está pendiente la aplicación de la legislación que supuestamente iba a centralizar y desjudicializar este servicio.

Cercanía


No es nada habitual que un juez decida suspender servicios por su cuenta ante la pasividad de la administración y que lo haga utilizando esos términos. Rubén Oliver es un magistrado conocido en su labor diaria por su cercanía con los abogados y los usuarios de la justicia. También por su forma de dirigir las vistas orales, bastante alejada de la imagen típica de envaramiento de la magistratura.

El juzgado de Primera Instancia 1 es de los más saturados de la ciudad. Cuando se creó, en 1999, «heredó» todos los procedimientos del juzgado de Paz de la ciudad.

La Conselleria de Justicia no responde sobre la falta de personal


Este diario intentó ayer conocer la versión de la Conselleria de Justicia sobre la situación del juzgado de Primera Instancia 1 de Torrevieja. Lo hizo vía telefónica y por correo electrónico sin obtener respuesta. A principios de febrero pasado, cuando usuarios y sindicatos denunciaron la falta de personal para atender a los ciudadanos que realizan largas colas para obtener una fe de vida -normalmente personas mayores- , la Conselleria de Justicia negó la falta de personal y llegó a asegurar que la plantilla del juzgado «estaba cubierta», con tres funcionarios gestores, un auxiliar y seis tramitadores. Justicia daba a entender en su respuesta que todos esos funcionarios se dedicaban al registro civil. Indicó no obstante que estudiaría la necesidad de reforzar con nuevas plazas.

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