Las principales empresas inmobiliarias de la provincia están hartas de esperar. Tras el compromiso de hace unas semanas anunciado por el Ayuntamiento de Orihuela de que agilizaría la concesión de licencias urbanísticas, la situación, sigue siendo la misma: bloqueo y retrasos, en algunos casos, de más de un año y medio cuando en municipios de similar entidad no superan los cuatro meses. «Después del enorme esfuerzo que estamos realizando desde Provia seguimos sin ningún avance, estamos en la casilla de salida», admitió el secretario de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la provincia de Alicante, Jesualdo Ros, en declaraciones a INFORMACIÓN. «Solo tenemos que agradecer que nos escuchen y nos atiendan pero resultados cero. Pedimos voluntad política para solucionar esta paralización municipal que afecta al empleo de la comarca y a la actividad económica», indicó.
Ros reiteró que la asociación empresarial lleva «meses colaborando positivamente con el Ayuntamiento, poniéndonos a su entera disposición para solucionar» lo que estiman como «un grave problema económico de la ciudad y la comarca». Provia, que cuenta entre sus asociados con las principales empresas inmobiliarias de la provincia a la espera de recibir licencia para Orihuela Costa, basa sus reclamaciones para desbloquear la situación en cinco puntos. El primero es que se cumpla el convenio firmado con el Colegio de Arquitectos de Alicante. En este sentido las inmobiliarias y constructores se preguntan «por qué era un convenio jurídicamente válido en julio y desde septiembre del año pasado ya no lo es». El Ayuntamiento y los promotores pactaron este convenio para que fuera el Colegio de Arquitectos el que validara la documentación técnica de las solicitudes de licencias y pidiera la subsanación de deficiencias a los promotores, para finalmente aprobar la autorización. Sin embargo, desde septiembre los servicios jurídicos municipales reclaman que esos expedientes vuelvan a revisarse por los técnicos municipales con lo que la agilización de la tramitación queda en nada. Además, por acogerse a ese convenio las empresas han pagado un recargo sobre las tasas fijadas por el Ayuntamiento.
En segundo lugar piden expresamente que el alcalde Emilio Bascuñana (PP), «delegue competencias en el concejal de Urbanismo, como hacen todos los ayuntamientos de España». Algo que evitaría la actual situación de bloqueo: las licencias llegan supervisadas por el Colegio de Arquitectos y son «tumbadas» por el órgano de apoyo a la junta de gobierno, una funcionaria habilitada nacional. Bascuñana subrayó ayer que a la junta de gobierno «entran todas las licencias que vienen correctamente tramitadas, como cualquier otro expediente, si está todo correcto entran y si tienen alguna deficiencia se dice que se corrija». En el mismo sentido se expresó el teniente de alcalde Rafael Almagro (PP), anterior edil de Urbanismo, quien concretó que preparó el convenio para que en estos momentos la situación estuviera normalizada. Por otra parte, el municipio pudo contratar a finales del anterior mandato a dos funcionarios especializados en materia urbanística, para que todos los expedientes del Colegio de Arquitectos llegaran sin problemas a junta de gobierno. Ambos fueron apartados de ese cometido al asumir Ciudadanos ese área en junio.
En tercer lugar, Provia considera que el Ayuntamiento debería «priorizar los proyectos que generen más empleo y riqueza para la ciudad, a la hora de supervisar los expedientes del área de Urbanismo». Ros no quiso precisar cuántos procedimientos están sin validar en la administración local pero estimó que pueden superar fácilmente los 2.000. Algo que afecta a un amplio abanico de actuaciones, desde licencias de obra menor, hasta autorizaciones de piscinas, pasando por licencias de obra mayor que pueden amparar más de cien viviendas en una sola autorización. En este sentido recordó la misma fuente que Provia sigue poniendo a Orihuela Costa en el resto de España como ejemplo del impulso del sector de construcción y venta de vivienda turístico residencial en la provincia de Alicante, con uno de los balances de actividad más relevantes del país.
Como cuarta reivindicación, la patronal de la construcción y promoción pide al Ayuntamiento de Orihuela que contrate a más técnicos en el área de Urbanismo, algo a lo que se comprometió el edil de Urbanismo, José Aix (Ciudadanos) y puede justificar jurídicamente por el número de asuntos que deben abordar.
Productividad real
Y por último, y como muestra del hartazgo de las empresas frente al retraso de las autorizaciones, Provia pide que se aplique el artículo 20 del Estatuto de la Función Pública que exige a la administración fijar controles de evaluación y rendimiento de los empleados públicos. «No puede ser que el empleado público que trabaja eficazmente y rinde perciba un plus de productividad y, el que no rinde, perciba lo mismo», subrayó Ros.
Sin las licencias, los promotores no solo no pueden, en teoría, comenzar a levantar sus promociones, tampoco pueden realizar los trámites de compra y venta con sus clientes ni registrar las viviendas o los avales para financiarlas.
Un problema con origen en el reparto de competencias entre el PP y Cs
Fuentes del sector inmobiliario y del ayuntamiento oriolano indicaron que resulta «lamentable» que la actividad urbanística y económica de Orihuela Costa esté a expensas de una situación que, además de explicarse en problemas jurídicos y falta de recursos humanos, tiene su origen en una disputa política por el control del poder municipal sobre la concesión de licencias. Pelea, advierten las mismas fuentes, que resulta «demasiado evidente». Emilio Bascuñana logró revalidar la Alcaldía en junio pasado al entregar, entre otras muchas competencias, todas las de Urbanismo a Cs y así lograr su apoyo en el pleno de investidura con mayoría absoluta. Esa cesión en el caso de Urbanismo depende sin embargo de una junta de gobierno que preside el alcalde Bascuñana, que escucha a los técnicos habilitados nacionales a la hora elevar los expedientes, o no, al orden del día.
La oposición de PSOE y Cambiemos señala desde hace meses que PP y Cs funcionan como dos equipos de gobierno por separado para el mismo Ayuntamiento: sin comunicación. Algo que tuvo reflejo en el cierre de la Escuela Infantil de La Murada o con esta situación de bloqueo en el área de Urbanismo.
