Tres informes técnicos rechazan que existan motivos para que el alcalde Eduardo Dolón (PP) deje de intervenir en procedimientos administrativos tramitados por la secretaria municipal, la oficial mayor y el jefe de Departamento de Censo y Estadística. Como avanzó INFORMACIÓN, los tres funcionarios han solicitado la abstención -rechazada por el alcalde- primero, y la recusación del primer edil después, en un asunto que debe decidirse en el pleno.
Esta recusación tiene su origen en la denuncia que Dolón presentó en el juzgado el pasado mes de diciembre pasado, basada en un informe del interventor en el que se señala a esos funcionarios por supuestos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias. El juzgado de Instrucción 3 de Torrevieja ha abierto diligencias y llamado a declarar al alcalde como denunciante a finales de marzo y a los denunciados como investigados.
El escrito del interventor recogido en la denuncia, y que a su vez da origen a esta recusación, indica que desde 2008 la Generalitat no ha provisto las plazas de asesor jurídico y la de órgano de apoyo a la junta de gobierno, que fueron creadas en ese ejercicio. Algo que habría supuesto un beneficio económico a lo largo de 11 años para las dos habilitadas y para el jefe de Departamento, que habrían visto incrementadas sus retribuciones ordinarias en en miles de euros anuales según consta en la denuncia. Los funcionarios señalados creen que con esta acción legal emprendida por el alcalde, éste no puede mantener la objetividad requerida en los procedimientos en los que ellos participen.
El primer informe sobre la recusación, realizado el 20 de febrero, está firmado por el secretario accidental, actual jefe del Departamento de Urbanismo. Concluye que la recusación sería posible si Dolón hubiera actuado contra los funcionarios «en el ámbito de relaciones jurídicas privadas» y no en un asunto derivado «de actuaciones adoptadas en razón de su cargo, como alcalde-presidente». Eduardo Dolón solicitó al mismo tiempo otro informe al Área de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Alicante en el que «no se deduce que concurra causa de recusación porque (los funcionarios) no se refieren a un procedimiento concreto».
El régimen jurídico que regula la recusación, dice este informe de la institución provincial de la que Dolón es vicepresidente, «no contempla que pueda instarse la recusación de forma «genérica, sino en el seno de un procedimiento concreto». El documento de la asesoría jurídica de la Diputación, que tiene como objetivo auxiliar a pequeños municipios, sólo tiene sin embargo carácter consultivo, no vinculante.
El 24 de febrero la directora general de Recursos Humanos emitió un tercer informe en el mismo sentido: «Entiendo que no existe causa de abstención acreditada por los interesados, ni se concreta expediente o procedimiento concreto que lo promueve, no pudiendo deducir que el alcalde tiene un interés personal que le impida participar en la adopción de acuerdos». El pleno de recusación se debe celebrar igualmente, porque es la Corporación la que debe adoptar la decisión final considerando los informes y la propia petición de las dos habilitadas nacionales y el funcionario de Administración General.
Los portavoces de los grupos de la oposición han sido convocados a la comisión previa el próximo martes. Un pleno que debe decidir antes de iniciarse el debate si se realiza a puerta cerrada, tal como como han solicitado los peticionarios de la recusación al considerar que en el debate puede afectar a su derecho al honor, elhonor y su propia imagen. Además, la sesión deberá ser presidida por la primera teniente alcalde Rosario Martínez Chazarra (PP) porque el alcalde, contra quien se dirige la recusación, debe ausentarse igual que debe hacerlo la secretaria por ser una de las funcionarias que lo solicita.
«Sustracción»
Y por si faltaba algún ingrediente a este caso de acusaciones cruzadas entre alcalde y funcionarios, la directora general de Recursos Humanos se dirigió a Dolón, según figura en el registro público municipal, comunicando «la sustracción (sic) por parte del interventor de un documento original de un expediente», referente a una supuesta pasividad de los funcionarios en la habilitación de plazas. Fuentes consultadas por este diario aseguran que el documento original está en el juzgado, tras ser incorporado por el interventor a la denuncia presentada por el alcalde Dolón, como parte del sumario judicial. Por lo que el original «no ha sido sustraído, forma parte de la investigación», según las mismas fuentes.
Mil euros de fianza para personarse como acusación
Además del Ayuntamiento, en las diligencias abiertas en el juzgado para investigar supuestas irregularidades por parte de tres funcionarios se ha personado como denunciante la Asociación Justicia Real Ya, a la que el juzgado ha solicitado una fianza de mil euros. El juzgado ha fijado entre finales de marzo y mediados de abril para la declaración como denunciante de Eduardo Dolón, del interventor (como testigo) y de los tres funcionarios investigados.
