Un juzgado de lo Contencioso ha ordenado la reapertura «inmediata» de la Escuela Infantil Municipal de La Murada tras la reclamación de las familias de los 46 niños afectados por su cierre. La clausura, justificada por la carencia de contrato de la empresa que lo gestionaba, se prolonga desde el pasado lunes y afecta, además de estos alumnos de 0 a 3 años, a siete trabajadoras que han sido despedidas. El auto judicial, que dispone la reapertura del servicio público como medida cautelarísima, se dio a conocer ayer durante el desarrollo de un maratoniano pleno ordinario. En la sesión a petición del PSOE y Cambiemos Orihuelaen se reclamó al equipo de gobierno explicaciones sobre el cierre a través de la comparecencia del responsable del área de Educación.
La empresa que prestaba el servicio para el Ayuntamiento agotó su contrato, sin posibilidad de prórroga a finales de enero. El equipo de gobierno optó como solución provisional que otra mercantil del sector asumiera el funcionamiento sin contrato. Pero tres semanas después, el Ayuntamiento decidió no dar continuidad a ese acuerdo -del que no hay constancia administrativa-. Además, las siete trabajadoras firmaron su baja voluntaria de la primera empresa para dar continuidad a su labor en la nueva, y ahora han sido despedidas perdiendo antigüedad y el subsidio de desempleo.
La resolución judicial fue desvelada por el concejal portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé. El Ayuntamiento debe acatarla de forma inmediata y no cabe recurso, aunque la administración local puede presentar alegaciones con un plazo de tres días. Solo cabe reabrir las instalaciones municipales. Pero por lo que dejaron entrever las intervenciones del primer edil Emilio Bascuñana (Partido Popular) y el responsable del área de Educación, el gobierno de coalición PP-Cs no tiene nada claro cómo hacerlo.
La sesión, que se prolongó desde las diez de la mañana hasta las seis y cuarto de la tarde sin recesos, tuvo como banda sonora la protesta de padres, madres, los propios alumnos de la Escuela y vecinos de La Murada que estuvieron manifestándose a las puertas del Ayuntamiento para exigir una solución y la reapertura de la Escuela. La Concejalía de Educación (Ciudadanos) aclaró que el juzgado ordena la reapertura pero no aclara qué procedimiento es el legal para ponerla en marcha de nuevo. La misma fuente intentó responsabilizar al área de Contratación, gestionada por la edil Sabina Goretti Galindo (PP) de la falta de instrucción administrativa del nuevo contrato -ordenada a principios de 2019 pero que desde ese momento no llegó a avanzar-. El nuevo contrato debería haber estado licitado y adjudicado antes de que se agotara el que expiró a finales de enero. También recordó Educación que no era de su competencia decidir el levantamiento del reparo que permite en situaciones de servicios públicos pagar sin contrato a las empresas, algo que solo puede hacer el presidente de la Corporación. Cs negó que la Concejalía de Educación hubiera presionado para que las trabajadoras firmaran su baja voluntaria y dijo que el personal de la Escuela no tiene relación laboral con el Ayuntamiento. Trabajadoras consultadas por este diario no mantienen la misma versión. Aseguran que desde el gobierno local se les instó a esa baja para mantener su puesto de trabajo, en una decisión que tuvieron que tomar en un fin de semana. El alcalde Bascuñana, que intervino de forma muy breve, se limitó a trasladar su preocupación sobre la situación a las familias, asegurar que nadie del equipo de gobierno quería que se diera el cierre y apuntar que la solución a la clausura pasa por la decisión de que el Ayuntamiento asuma directamente el servicio a través de la empresa municipal Úryula.
Breve
Bascuñana, al margen del tono del resto de intervenciones, no quiso polemizar con sus compañeros de gobierno, y ni tan siquiera aclaró por qué no ha levantado el reparo al pago a la empresa sin contrato -algo que jurídicamente justifican muchos ayuntamientos por servicios menos urgentes que una Escuela Infantil-.El concejal Carlos Bernabé (Cambiemos) recordó que un proceso de ese tipo, para que el municipio asuma directamente el servicio hasta una nueva licitación, puede prolongarse durante meses porque además requiere asumir al personal despedido por la empresa. Es más, el consejo de administración de esta empresa ni tan siquiera se ha constituido durante el actual mandato, según indicó Bernabé.
La portavoz del grupo municipal del PSOE, Carolina Gracia, dijo que las explicaciones del equipo de gobierno se estaban dando en el pleno sin que la oposición hubiera tenido acceso al expediente y reprochó al PP y Cs que en este asunto actuaran como si no formaran parte del mismo equipo de gobierno.
PP-Cs estudiarán la nulidad de las prórrogas a la contrata del agua
El Ayuntamiento aprobó ayer, con los votos de la mayoría del PP y Cs la creación de una comisión que estudie el informe de la Junta Consultiva de Contratación que considera «extinguido» el contrato de concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua potable en Orihuela desde el 11 de noviembre de 2008, cuando terminó su plazo de vigencia de 20 años, al firmarse en 1988. El órgano consideraba como nulas las dos prórrogas que el Ayuntamiento le dio a la concesionaria en 2001 (hasta 2018) y, tres años después, en 2004, hasta 2038. Cambiemos solicitó la incoación del expediente de revisión de oficio y declaración de nulidad de las prórrogas vinculadas a los contratos de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la empresa contratada por el Ayuntamiento. El portavoz del PP, Rafael Almagro, aseguró que es un asunto «complejo jurídicamente» y recordó que los juzgados archivaron una denuncia de Cambiemos que señalaba responsabilidades penales por esas ampliaciones. El PSOE y Cambiemos recordaron que PP y Cs se negaron a la creación de esta misma comisión en 2017 antes de acudir al juzgado y creen que su aprobación ahora solo tiene carácter dilatorio.
