El exalcalde de Dolores, Gabriel Gascón, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 2 de marzo acusado de los presuntos delitos de prevaricación, fraude y contra la ordenación del territorio por los que el fiscal anticorrupción pide para él cuatro años y medio de prisión por permitir construir un kiosko-bar ilegal en un parque municipal durante su etapa como regidor. El fiscal pide la misma pena para el adjudicatario de la concesión de explotación del kiosko, un familiar suyo, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de fraude.
En la misma causa está investigado un técnico municipal que se enfrenta a 2 años y 3 meses de cárcel e inhabilitación por el mismo plazo, así como al pago de una multa, de la que también tendrían que hacer frente los otros dos acusados si son condenados. Además, el fiscal solicita que tanto el exregidor como el adjudicatario indemnicen al Ayuntamiento con una cantidad que sumaría ya unos 28.000 euros por las deudas no satisfechas resultado de la explotación de la concesión.
La causa que lleva el Juzgado de Instrucción número dos de Orihuela, en la que está personado el Ayuntamiento como entidad perjudicada, se inició tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por el grupo independiente Renovación. En concreto, se puso en conocimiento del fiscal la supuesta permisividad con respecto a la construcción ilegal de un restaurante en una zona verde donde se autorizó la puesta en marcha de un simple kiosko, una situación que el Ayuntamiento no solo no sancionó, sino que permitió que la actividad continuara sin cobrar ni siquiera, al adjudicatario, el canon que establecía el pliego de condiciones. Según la investigación judicial, el PGOU sólo permitía levantar un kiosko de 20 metros, pero el consistorio dio licencia para uno de 49,25 metros. Finalmente, y con el paso del tiempo, el concesionario de la adjudicación levantó un negocio de 110 metros cuadrados.
El beneficiario, su primo
La concesión administrativa por una década se otorgo el 5 de junio de 2008 a José Francisco Gascón Ruiz, primo segundo del alcalde, único licitador, para construir un kiosko en un parque municipal por el que pagaría un canon de 1.080 euros anuales. Según el fiscal, el entonces alcalde, votó a favor del proyecto «siendo consciente de que el mismo conculcaba radicalmente la legislación urbanística en vigor».
El fiscal concluye que, aunque los tres acusados defienden que sus actuaciones fueron lícitas, lo cierto es que se tramitaron expedientes que pretendían servir para legalizar las obras de ampliación realizadas en el bar y que, pese a que en 2009 el Gabriel Gascón paró las obras, no se adoptaron medidas para la restitución urbanística y que, posteriormente, el técnico acusado emitiría un informe favorable.
El fiscal acusa al que fuera durante 15 años alcalde de «pasividad» en este expediente con el objetivo de beneficiar al adjudicatario, que finalmente amplió las obras ilegales con la permisividad del regidor, constando como último acto del expediente un intento de regularización de la situación mediante la adquisición de la obra ilegal con condonación, compensación de las deudas cuyo impago hubiera debido de determinar la resolución de la concesión.
El fiscal solicita también la inhabilitación especial de Gabriel Gascón para ser alcalde o edil, aunque dejó su acta de concejal en 2016 tras desvelar este diario las peticiones del fiscal por este asunto.
