El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada va a tener que asumir durante este año 2020 el pago de una indemnización de 2,7 millones de euros por el malogrado proyecto del centro cultural de La Paloma. El Tribunal Supremo acaba de inadmitir un recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y de confirmar la sentencia que condena al Ayuntamiento d a indemnizar a la Unión Temporal de Empresas Urdemasa-Intersa con 2,7 millones de euros por lucro cesante al no poder explotar el aparcamiento subterráneo del centro cultural, proyecto paralizado desde hace 18 años.
El fallo supone un serio varapalo para las cuentas municipales justo en el momento que el actual gobierno de mayoría absoluta del PP pretendía sacar adelante sus primeros presupuestos de este mandato. Ahora deberá adaptar todo el anteproyecto de presupuestos de 2020 al pago de la sentencia, que a la hora de confeccionar las cuentas de una administración local son la prioridad, junto al abono de deuda a bancos y proveedores.
El Ayuntamiento pilareño está saneado. Concluyó el anterior mandato con deuda cero con los bancos por lo que podría solicitar un crédito sin recurrir al aumento de impuestos para sufragar con nuevos ingresos la sentencia. Sin embargo, deberá ajustar partidas de gasto corriente y replantearse otras previstas para inversiones reales, según ha asegurado el alcalde José Pérez Sánchez a INFORMACIÓN, que lamenta que gobiernos anteriores socialistas «no informasen con transparencia» de las consecuencias de estos procedimien tos judiciales.El municipio lleva gastado desde 2001 hasta ahora 3,6 millones de euros en el centro cultural y aparcamiento de La Paloma -incluido el derribo del remate de la estructura que amenazaba con desmoronarse-. Además tiene pendiente otro procedimiento judicial interpuesto por la misma UTE por la paralización de las obras del propio centro cultural donde reclama otros 2,5 millones de euros. Si finalmente los juzgados dan la razón a la UTE Pilar habrá invertido 8,8 millones de euros invertidos en una parcela de propiedad municipal,sin utilidad, sin terminar, en el centro del casco urbano, semiabandonada y con problemas estructurales en el subsuelo del aparcamiento, que está apuntalado.
Antecedentes
En noviembre de 2001 el pleno adjudicó a la UTE la construcción de este centro cultural por 2.373.997 euros, además de la concesión de obra y posterior explotación de un aparcamiento subterráneo en el sótano de ese edificio, por de otros 2.091.552 euros. Una vez iniciadas las obras, en 2004, se formaliza un primer proyecto modificado que amplía el plazo de ejecución en cinco meses, y eleva el importe en 474.498 euros más, atendiendo, a necesidades «no contempladas en el proyecto inicial que eran necesario introducir», según explica el equipo de gobierno del PP. Cambio al alza que se adjudica al mismo contratista de la obra principal. En 2005 los arquitectos redactores y directores de obra, José Antonio Gálvez y Pedro Botella, renuncian a continuar con el proyecto; y se decreta el mismo día el nombramiento del nuevo director técnico de las obras Francisco Ros Caballero. Este nuevo arquitecto presentó un texto refundido y m modificado con un presupuesto de ejecución material de 6.463.637 euros y el presupuesto de contrata se establece en 8.997.383 euros. El nuevo plazo de ejecución que es de 11 meses. Esta segunda ampliación representa un 182% de incremento con respecto al precio primitivo, sobre los 4 millones de euros más. Los técnicos municipales informaron en contra de la segunda ampliación porque ese presupuesto, por su importe, exigía un nuevo procedimiento de licitación con contratación por concurso. El alcalde de ese momento, Ignacio Ramos (PSOE) ordenó la suspensión de las obras pero sin embargo mantuvo el contrato de concesión y explotación del aparcamiento subterráneo.
La UTE llevó al Ayuntamiento vía juzgado para reclamar las cantidades en concepto de valor de las obras ejecutadas y la lucro dejado de percibir. El juzgado la admite porque «no era posible continuar con las obras del aparcamiento sin la aprobación del segundo modificado que incrementaba en un 182%. La sentencia fue apelada por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 30 de noviembre de 2018. Pero el TSJCV rechazó el recurso, dio la razón a la empresa y concluyó en su sentencia que las obras ya ejecutadas del aparcamiento subterráneo son propiedad del Ayuntamiento y condenó a indemnizar a la UTE por el valor de las obras ejecutadas (2.225. 863 euros) , más intereses desde el 26 de julio de 2013,aproximadamente 500.000 euros, más las costas, más el lucro cesante sobre las obras pendientes de ejecución, en torno a 44.000 euros.
El alcalde asegura que la sentencia hipoteca los presupuestos de 2020
José Pérez afirma que la sentencia hacer peligrar proyectos como los centro multiusos de La Torre y El Pinar
El alcalde José María Pérez (PP) expresó ayer su preocupación por la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar una indemnización millonaria la constructora de La Paloma y que, a su juicio, «hipoteca la inversión y el gasto corriente del municipio».
Para el primer edil el «agujero en sentencias judiciales» de anteriores mandatos es «extraordinariamente preocupante» y es una deuda «inasumible» que «hipoteca las finanzas municipales y toda la capacidad inversora». Teniendo en cuenta, advirtió la misma fuente, que las «condenas judiciales no han terminado» y está en litigio la indemnización por el centro cultural por otros 2,5 millones de euros.
Para Pérez «la única opción es el endeudamiento, acudiendo a los bancos, o a través de la captación de créditos a través del fondo Impulso, una línea de préstamos a bajo interés que habilita el Estado para que los ayuntamientos puedan pagar sentencias». El alcalde asegura que «le preocupa no poder llevar a cabo proyectos importantes y necesarios para la ciudadanía» como las reparaciones de las infraestructuras dañadas por la DANA y los temporales, los centros multiusos en Pinar de Campoverde y Torre de la Horadada, o el nuevo auditorio y casa de cultura». Otra opción que se contempla es la subida de impuestos aunque se trata de una alternativa que el primer edil no cita en sus declaraciones. La sentencia «rompe todos nuestros esquemas», ahora tendremos que reducir en los capítulos de gasto corriente para poder mantener el gasto comprometido en servicios sociales, deporte, y otros servicios municipales básicos como limpieza viaria, recogida de residuos y servicios sanitarios.
Retraso
Llega además en el momento en el que el gobierno del PP, con mayoría absoluta, pretendía someter al análisis de la oposición los presupuestos de este año y aprobarlos inicialmente en el pleno. «Este no es un problema que se pueda resolver en un año, sino que se tendrá que resolver en muchos años», aseguró el alcalde, que atribuyó al anterior gobierno socialista no informar «con claridad a los ciudadanos» de «la magnitud del agujero» que ahora heredamos nosotros, y que perjudica la salud de las arcas municipales para el futuro». Mientras el Ayuntamiento asume su responsabilidad en el fracaso del proyecto, el edificio vallado y semiabandonado junto a la rambla del casco urbano de Pilar de la Horadada queda como testigo de una época en la que todos los municipios embarcados en el boom inmobiliario podían contar con su propio ejemplo de arquitectura del espectáculo.
