La secretaria general del pleno, la oficial mayor y un jefe de departamento han recusado al alcalde Eduardo Dolón (PP) y al interventor municipal. ¿Qué es la recusación? Los funcionarios pidieron al alcalde que se abstuviera de intervenir en cualquier expediente en el que tengan relación por haber incurrido en una de las causas de abstención que contempla la legislación. En este caso, un litigio pendiente -el alcalde denunció a esos tres funcionarios-. El primer edil respondió que no consideraba que tuviera que abstenerse puesto que la denuncia la interpuso en su condición de alcalde presidente de la Corporación y no de forma personal. Los funcionarios que forman parte de la cúpula funcionarial del Ayuntamiento respondieron pidiendo su recusación. Lo mismo solicitan para el interventor. Mientras que con la abstención el alcalde se podría haber decidido retirarse voluntariamente de esos procedimientos, con la recusación se tramita una solicitud expresa de los interesados, que se debatirá en un pleno.
El alcalde presentó una denuncia el pasado 5 de diciembre que señala a la secretaria, la oficial mayor, al jefe de departamento y otra funcionaria por supuesta prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias relacionada, según la denuncia, con la supuesta percepción irregular de sobresueldos desde 2008 en el consistorio.
El juzgado de Instrucción 3 ha abierto diligencias de investigación y citado a declarar a estos tres funcionarios como investigados, al interventor -en el que se basa íntegramente la denuncia del alcalde- para que se ratifique como testigo en sus informes y al primer edil para que confirme su denuncia. En este sentido, el alcalde registró una ampliación de denuncia el martes pasado con nueva documentación, lo que aplaza las citaciones de los investigados y la del propio primer edil.
¿Y ahora qué va a pasar? El procedimiento por el que se debe validar o no la petición de recusación del alcalde, en el caso de la habilitada nacional, la secretaria, debe tratarse en un pleno, porque no existe una figura funcionarial superior en el organigrama municipal a la de fedataria pública. Una sesión extraordinaria que se convocará la próxima semana. Como cualquier pleno, el punto a debatir debe ser informado previamente. El alcalde ha recurrido al sustituto en esas funciones de la secretaria, al jefe de Urbanismo. Lo ha hecho delegando en su primera teniente alcalde Rosario Martínez Chazarra. El funcionario debe dirimir si dan las causas de recusación.
Fuentes del equipo de gobierno indicaron ayer que la denuncia del alcalde y el informe del interventor se realizaron en función de la condición que ostentan en el Ayuntamiento. Uno como presidente de la Corporación y el otro como fiscalizador de la gestión económica del Ayuntamiento. «No lo hicieron por animadversión o criterios subjetivos contra los funcionarios, solo en el desempeño de sus funciones, por lo que consideran que no existe causa de abstención, ni recusación». Dolón cuenta con mayoría absoluta para rechazar la petición en el pleno pero antes deberá valorar el informe del secretario accidental.
Es posible que ese pleno se lleve a cabo a puerta cerrada, sin acceso de los medios de comunicación ni público, a petición de los funcionarios afectados para salvaguardar sus datos personales. Una posibilidad legal que no se ha dado en la historia democrática del Ayuntamiento, ni cuando se fiscalizó, en un pleno de 2012, el polémico uso privado que ediles del PP realizaron de sus móviles municipales .
Si finalmente el alcalde es recusado, todas las decisiones administrativas, hasta las más formales, que tengan relación con la secretaria -que es el principal cargo con responsabilidad en un ayuntamiento junto al interventor- deberá delegarlas en otro edil del equipo de gobierno. Por ejemplo, el alcalde firma las nóminas de retribuciones de los funcionarios. Si se abstiene deberá delegar esa firma para esos tres funcionarios, que no se han pronunciado públicamente sobre el procedimiento de recusación y la denuncia, al ser consultados por INFORMACIÓN.
Nuevo episodio
La recusación abre un nuevo frente en la auténtica batalla campal -administrativa y judicial- en la que se ha convertido la relación entre el equipo de gobierno y funcionarios de alto rango. Iniciada por el anuncio del interventor, que llegó en agosto como acumulado -unas horas a la semana- desde otro municipio donde ejerce como secretario- cuando acusó en un informe al área de Contratación de ser la más colapsada de España y anunció el informe «sobre graves irregularidades» ahora en el juzgado. El alcalde, a su vez, nombró a directores generales de área que se han situado jerárquicamente en sus funciones sobre algunos de esos jefes de Departamento. La gestión del día a día resulta difícil sin contar con la confianza de los funcionarios a los que el primer edil ha denunciado.
