Callosa de Segura cuenta con 11 agentes menos en la Policía Local desde el 7 de febrero, lo que supone una merma del 35% de su plantilla. Todos eran agentes interinos que han tenido que ser cesados porque la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, aprobada por la Generalitat en 2017, marcó la prohibición de acceder a los cuerpos locales de seguridad en régimen de interinidad.

Los agentes de los que ha tenido que prescindir el ayuntamiento callosino no ejercían labores de seguridad (no podían portar armas), y la mayoría estaban destinados a gestión y tráfico, según el Ayuntamiento. El alcalde de Callosa, el popular Manuel Martínez, asegura que la seguridad en el municipio está garantizada al haber reorganizado el jefe accidental de la Policía Local las tareas y horarios de los agentes que quedan en el cuerpo policial. «Están todas las necesidades cubiertas con una reestructuración de la plantilla porque era tal el caos que el anterior gobierno tripartito había dejado en la Policía, que ahora con menos agentes tenemos un cuerpo mucho más eficiente», señaló el regidor, quien anunció que el Consistorio habilitará nuevas plazas.

La Generalitat inició un proceso para unificar y asumir la convocatoria de oposiciones de las corporaciones municipales a través de una encomienda de gestión ya que la prórroga que concedió para regularizar la situación de los interinos vencía en diciembre de 2019.

Una situación sobrevenida, según señala el equipo de gobierno de PP y Cs, y una falta de coordinación y gestión, según el PSOE en la oposición. Para el regidor «el tripartito no hizo nada para regularizar la situación de los interinos, usó la Policía a su antojo y su mala gestión fue tal que hubo cuatro concejales de Policía en cuatro años, y no puso en marcha ninguna oferta de empleo público en 2019, tal y como marcaba la ley; nosotros lo hicimos en diciembre, pero ese proceso está recurrido por el PSOE, obsesionado en poner palos en las ruedas».

Visión completamente distinta tiene el portavoz socialista y exalcalde callosino, Fran Maciá, que acusa al gobierno local de «dudas, falta de coordinación y un enredo de consideración tras la nefasta gestión de la transición de los agentes interinos». Hasta seis comunicaciones recibieron de notificación de cese, en un proceso que comenzaba el 12 de diciembre, la anulación del mismo por Alcaldía el día siguiente, una nueva notificación del alcalde comunicando- esta vez solo a cinco interinos- el cese para el 21 de diciembre, dejando después éste sin efecto y volviendo a emitir una notificación el 7 de enero con cese el 21 de ese mes, hasta el decreto que deja sin efecto toda la documentación remitida entre el 12 de diciembre de 2019 y 7 de enero de 2020 por adolecer defectos en su tramitación, comunicando el cese el 6 de febrero.

Maciá acusa al gobierno de «incapacidad manifiesta» para hacer frente a una situación «compleja que no difícil». El socialista critica que no se haya acogido a la norma legal que facilitaba dicha transición, publicada en el DOGV de 13 de diciembre, que permite la regulación de los policías interinos nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de Policías Locales. También, señala Maciá, « estaba en marcha una bolsa de trabajo a la que se podían acoger». El socialista insta al Ayuntamiento a recuperar a esos 11 agentes interinos en los dos años que da la ley y que saque las plazas definitivas «con una oferta de empleo adecuada, porque la de diciembre no cumple los presupuestos».