El alcalde Eduardo Dolón (PP) propone hoy en la reunión de la mesa de negociación con los sindicatos del Ayuntamiento de Torrevieja una modificación de la relación de puestos de trabajo para este año en la que se contempla que las plazas de habilitados nacionales -secretario, interventor y tesorero- se cubran por libre designación de la Alcaldía.
Este cambio también enmarcaría, en caso de salir adelante, a otras tres plazas de la cúpula funcionarial como la del órgano de apoyo a la junta de gobierno, el órgano de contabilidad y el director de la asesoría jurídica. Dolón aclaró ayer que la modificación, en caso de salir adelante, no afectará a los puestos que actualmente están cubiertos: secretaría general, oficial mayor, tesorería e intervención.
El alcalde aseguró que, cuando los funcionarios que desempeñan ese puesto ahora lo dejen voluntariamente para cubrir un destino en otro municipio o se jubilen el alcalde podrá designar entre quienes quieran asumir la vacante a quien estime mejor para ese desempeño.
La provisión de plazas del cuerpo de habilitados nacionales -la elite de la función pública- se determina totalmente al margen de los procedimientos internos de oposición y selección de personal de los ayuntamientos. Estos funcionarios, tras superar una dura oposición, acceden a sus plazas a través una «ventana» de solicitudes que se abre una vez al año a nivel estatal.
La posibilidad de escoger entre una terna de candidatos que quieran ocupar una plaza de habilitado en Torrevieja, según Dolón, está amparada en la ley de Gran Población. Y permite ejercer un filtro entre los candidatos, asegura, el primer edil.
Mientras que la mayoría de municipios deben asumir el nombramiento del funcionario que quiera esa plaza, en los municipios de gran población el alcalde puede escoger entre todos los que estén interesados en ocuparla. Este cambio en la relación de puestos de trabajo ha generado malestar de nuevo entre parte del funcionariados donde se interpreta como como una maniobra del equipo de gobierno «para que tarde o temprano» se desaloje a la secretaria y la oficial mayor de sus plazas actuales. Dolón subrayó ayer que su decisión nada tiene que ver con esa interpretación de la modificación.
Malestar
Malestar que se produce en un clima de máxima tensión entre el gobierno municipal y la cúpula funcionarial. El alcalde rubricó en diciembre una denuncia que señala a la secretaria general, a la oficial mayor y al jefe de Censo -hasta hace unos días responsable de Recursos Humanos-, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Denuncia que un juzgado de Torrevieja ha decidido investigar.
La denuncia se basa casi de forma íntegra en un informe elaborado por el actual interventor, que lleva en el cargo solo desde finales de agosto pasado. La de interventor es una figura que cuenta con todas las competencias de fiscalización económica del Ayuntamiento.
Lo llamativo de la propuesta del alcalde es que podría haberse planteado hace casi quince años. Porque el municipio tiene la condición de gran ciudad desde mediados de 2006. Pero hasta la fecha, según fuentes consultadas por este diario, ni el entonces alcalde Pedro Hernández -que lo fue durante 23 años-, ni el actual Eduardo Dolón, ni durante el anterior mandato José Manuel Dolón (Los Verdes), conocían esta posibilidad legal.
Las plazas de secretaria y oficial mayor están ocupadas por funcionarias que desempeñan esta labor desde hace décadas en Torrevieja. Algo similar ocurre con la plaza de tesorera, mientras que la de interventor se cubrió en agosto con un funcionario que realiza esa labor como la acumulado, es decir, la asume haciéndola compatible con otra función, en este caso como secretario en otro municipio.
La iniciativa del gobierno servirá también para intentar cubrir las plazas de asesor jurídico y la del órgano de apoyo a la junta de gobierno que están creadas por decisión del pleno desde 2008 pero que nunca han sido provistas. La funciones de asesoría jurídica las asumen en cada área los jefes de departamento y la secretaria y la de órgano de apoyo la oficial mayor.
¿Relación de confianza con quienes fiscalizan al gobierno?
La propuesta del alcalde de designación directa indica que las entidades locales tienen la potestad de «autoorganización» en materia de recursos humanos. «Torrevieja es un municipio de gran población, con 86.000 habitantes y 90 millones de euros de presupuesto por lo que concurren circunstancias especiales que implican la
adopción de este sistema de provisión atendiendo al cometido de especial magnitud y complejidad, el carácter directivo y el número de funcionarios a su cargo».
Para Dolón son «puestos de especial responsabilidad y confianza personal» pese que alguno de ellos, como el de intervención, en realidad, tengan como principal misión fiscalizar la acción ecónomica del gobierno local.
