Los más de 40 niños usuarios de la Escuela Municipal Infantil de La Murada pudieron acudir a clase ayer lunes normalidad. El conflicto entre la empresa Grupo Lysmon -hasta el viernes adjudicataria- y el Ayuntamiento amenazaba con dejar sin servicio a los más pequeños -alumnos de 0 a 3 años-.

Y hasta ahí es lo que quedó claro de la información ofrecida por el área de Educación. Tras 20 minutos de rueda de prensa el área responsable no especificó el procedimiento administrativo por el que otra empresa se ha hecho con la gestión, ni en qué condiciones, ni por cuánto tiempo. Incluso se ha preguntado por el nombre de la mercantil que va a llevar a cabo la prestación y ha indicado que no se daba "porque no era el momento de darle publicidad". La firma es Educativa Persan, mercantil que tiene adjudicado el servicio de Escuela Infantil en Orihuela Costa.

Educación acusó al Grupo Lysmon (tampoco ha citado a esta firma por su nombre) de intentar un "chantaje" al Ayuntamiento y ha agradecido la voluntad de las familias de los alumnos y de los trabajadores a la hora de darle continuidad hoy a la prestación. Pese a que es un servicio exclusivamente municipal y pagado con el presupuesto del Ayuntamiento de Orihuela la Concejalía de Educación aseguró ayer que los detalles sobre la relación laboral de los trabajadores con la nueva empresa y las condiciones en las que se realiza no eran cuestión pública, sino entre la -nueva- empresa Educativa Persan y esos trabajadores.

La Concejalía de Educación dijo que Grupo Lysmon había solicitado dos años de prórroga cuando el pliego de la condiciones de la concesión solo permitía uno más. La adjudicación se realizó en enero de 2017 por dos años, prorrogables un año más otro.

El Ayuntamiento prorrogó en enero de 2019. Lo que no ha aclarado es por qué si el contrato concluía ahora y los problemas con la empresa -informes técnicos desvelados hoy por Cambiemos que indicaban que la empresa no estaba cumpliendo el pliego- el Ayuntamiento no había iniciado el procedimiento para adjudicar otro, al menos desde el mes de junio, en el que asumió el cargo.

De hecho, el área de Educación, gestionada por Ciudadanos, indicó que fue un error que su antecesora en el cargo, Begoña Cuartero, o los técnicos de su departamento no hicieran coincidir los plazos de extinción del periodo del contrato con el curso escolar.

La misma fuente indicó que consideraba que esos problemas se iban a resolver con lo que el Ayuntamiento y la empresa hubieran tenido la posibilidad legal de prorrogar un año y el municipio de iniciar y adjudicar otro procedimiento.

Por su parte, el concejal de Cambiemos, Carlos Bernabé, ha desvelado que los informes técnicos sobre el cumplimiento del pliego de condiciones de la concesionaria de 2019 eran negativos a prorrogar el contrato. Es decir, Grupo Lysmon, siempre según esos informes de los que ha dado cuenta el concejal de izquierdas, no estaba cumpliendo con el pliego de condiciones, por lo que la valoración para prorrogar el contrato era negativa.

"Una información que se está omitiendo por parte de la Concejalía de Educación para eludir la parte de responsabilidad política del gobierno municipal", según Bernabé. "La señora Cuartero hace algo que, con las enormes diferencias que nos separan ideológicamente, es sensato. Por un interés público pensó en no estresar a las familias ni a los menores a mitad de curso. Prorrogó un año más mientras se realizaba una nueva licitación". Algo, iniciar el procedimiento, que el responsable en el área de Educación desde el pasado mes de junio no ha hecho, según Bernabé.

Cambiemos Orihuela indica que "tras la aparente falta de acuerdo entre mercantil y Ayuntamiento para una nueva prórroga y, tras lo que Cambiemos Orihuela considera "caos informativo y político", una "enorme incertidumbre rodea el futuro de la escuela. La escuela municipal, que amenazaba con cerrar, según parece, continuará abierta por vía de urgencia gestionada bajo otra empresa".

"El concejal de Educación sabe, o debía saber, desde principio de este mandato, que el contrato tenía una fecha muy clara de finalización y que éste tenía una evaluación negativa, así que debería aclararnos por qué no ha movido ni un dedo estos meses, en los que debería haber rescatado el servicio o haber iniciado un nuevo pliego", señala el concejal de Cambiemos.

Bernabé ha recalcado que "la responsabilidad de la empresa en este conflicto, que seguramente exista, deberá dirimirse, pero el grado de responsabilidad de la empresa no puede servir para ocultar la negligencia política del Gobierno Local y su concejal de educación". Cambiemos espera que el Concejal de Educación dé explicaciones "claras" sobre cómo va a salvar el curso, bajo qué marco jurídico y, sobre todo, "cómo va a proteger los derechos de las trabajadoras del centro".

El edil lamentó que el concejal, expresidente de la una federación de padres, esté más atendo a facilitar medios y recursos públicos para una manifestación convocada por esa misma federación, que por resolver los problemas de gestión de la educación local.