01 de febrero de 2020
01.02.2020

Desavenencias entre Orihuela y la gestora de la Escuela Infantil de La Murada dejan a 46 niños sin clase

La concesionaria anuncia el «cierre forzoso» del servicio al no poder garantizar su viabilidad y seguridad

31.01.2020 | 23:02
Una empleada de la Escuela Infantil de La Murada en una de las aulas.

La empresa reclama 15.000€ al Ayuntamiento, que critica su negativa a prorrogar un año más la gestión.

Los 46 niños de 0 a 3 años que acuden cada día a la Escuela Infantil municipal de La Murada dejarán de recibir la atención educativa el próximo lunes. Las desavenencias entre la empresa concesionaria del servicio, Grupo Lysmon, y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Orihuela han provocado una tensa situación que ha derivado en el anuncio ayer por parte de la mercantil gestora del «cierre forzoso y urgente» del servicio. La directora de Lysmon, Inmaculada Martínez, acusó ayer al Ayuntamiento de de no obtener una propuesta de prórroga que garantice la viabilidad y seguridad del centro y no encontrar un interlocutor en el Ayuntamiento «con el que negociar tanto la prórroga como un plan de pagos para las cantidades pendientes», acusando al Ayuntamiento de deberles 15.000 euros, «pese a la solicitud de reuniones con diferentes responsables políticos municipales, incluido el alcalde Emilio Bascuñana».

Esas desavenencias se vieron muy claras ayer con los comunicados de acusaciones mutuas entre Lysmon y la Concejalía de Educación. La comparecencia de la directora de la empresa concesionaria a primera hora de la mañana fue respondida por la tarde con un comunicado de la Concejalía de Educación acusando a la mercantil, que gestiona la Escuela Infantil desde febrero de 2017 y con una prórroga desde febrero de 2019, de negarse a prorrogar su gestión por un año más, hasta febrero de 2021, como le ha ofrecido el Consistorio. «La Concejalía de Educación mantiene el compromiso de seguir prestando el servicio en las mismas condiciones que hasta este momento a partir de la próxima semana», señala en el comunicado el Ayuntamiento donde anuncia que trabaja para solucionar «cualquier incidencia derivada de la decisión de la empresa» y lamenta la «confusión» que Lysmon, dice, haya podido ocasionar a las familias con información «que no se corresponde con la realidad».

Esta réplica fue contestada por otro comunicado a última hora de la tarde por parte de Lysmon para aclarar que notificó al Ayuntamiento de Orihuela el 2 de diciembre, dentro de los plazos legales, la no continuación del servicio por el impago de 15.000 euros por parte del Consistorio y que no fue hasta el 29 de enero cuando recibió respuesta de la Concejalía de Educación «de si estamos interesados en continuar con la prórroga o no en las mismas condiciones que teníamos, hasta junio de 2020». «En un último intento de salvar dicha renuncia, el edil de Educación, Ramón López, remitió este pasado martes un escrito oficial mostrando el deseo de formalizar la prórroga hasta el 30 de junio, pero sin pronunciarse respecto de las peticiones de regularización en los pagos que garantizara el sostenimiento del servicio», motivo por el cual, explicó Martínez, le comunicó que no continuaría con el servicio.

Desde hace dos meses, y ante la situación de impago de la administración local y de la Comunidad Valenciana, la firma educativa comunicó su renuncia a un último año de prórroga, debiendo haberse formalizado el mismo de mutuo acuerdo con la corporación local. El servicio de escolaridad, según el contrato administrativo, se financia en su mayor parte por la ayuda económica de la Generalitat (bonos) y por la aportación del Ayuntamiento de Orihuela para alumnos de 0-2 años, mientras que las familias asumen un 26,88 % del del coste del servicio.

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