El juzgado de Instrucción número 3 de Torrevieja ha citado a declarar en calidad de investigados (antes imputados) a la secretaria general, la oficial mayor, el jefe de Personal y una funcionaria de ese departamento para esclarecer si se han producido supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento torrevejense. El juez, con el respaldo de un escrito del Ministerio Fiscal, actúa tras una denuncia presentada por el alcalde Eduardo Dolón (PP) el pasado mes de diciembre.
El juzgado, en función de los hechos expresados en la denuncia, considera que podrían derivarse indicios de supuestos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación, que deben ser investigados. La denuncia, firmada por el primer edil el 5 de diciembre y registrada en el juzgado poco después, se basa en su integridad en un informe presentado por el interventor municipal, documento en el que se acreditarían con expedientes administrativos esas supuestas irregularidades vinculadas con la retribución anómala en concepto de cientos de horas extra por parte de los funcionarios citados a declarar. En un Ayuntamiento como el de Torrevieja, los habilitados nacionales y funcionarios del Grupo A, en función de su antigüedad pueden superar los cien mil euros de retribución anual, al margen de los servicios extraordinarios.
El interventor, que hace compatible su función como acumulado con la de secretario en otro municipio, ha sido citado a declarar como testigo en el mes de febrero para ratificar el informe.Los investigados acudirán días después. Los originales de los expedientes relacionados con la investigación han quedado bajo custodia.
INFORMACIÓN intentó ayer sin éxito contar con la valoración de los funcionarios citados a declarar -y que recibieron las notificaciones de manos de la Policía Local entre la jornada de ayer y el miércoles-. El interventor anticipó en un informe que se incorporó a un punto de junta de gobierno local el 15 de noviembre -y con amplia difusión entre los funcionarios- que realizaría una «denuncia» sobre «graves irregularidades» en la gestión municipal. Inicialmente indicó que esa documentación se trasladaría a junta de gobierno. Finalmente, la presentó en Alcaldía dos semanas después. Y fue el primer edil, no el interventor, el que elaboró la denuncia, adjuntando su informe, que contempla varios expedientes.
Obligado
El primer está obligado a dar cuenta de asuntos que pudieran constituir un delito -para no incurrir a su vez en una omisión de perserguirlo-.El funcionario responsable de la fiscalización económica del Ayuntamiento desde el pasado mes de agosto y los técnicos bajo investigación, con una larga trayectoria desempeñando sus funciones en Torrevieja, están enfrentados en el Consistorio desde que el primero cuestionara abiertamente el trabajo a la cúpula funcionarial por tener bloqueada, a su juicio, la gestión de contratación municipal. Y pidió al primer edil que relevase al menos a un jefe de departamento.
Lo hizo al hilo de la tramitación de la elaboración del pliego de la contrata de recogida de basura -que nada tiene que ver con la denuncia ahora tramitada-. Desde ese momento el alcalde ha designado a tres directores generales que jerárquicamente están por encima de los jefes de departamentos para las áreas de Contratación, Personal, Urbanismo y del propio negociado de Intervención.
El regidor defiende «la presunción de inocencia» de empleados públicos
El alcalde Eduardo Dolón (PP) expresó ayer su respaldo a los funcionarios del Ayuntamiento que preside y defendió la presunción de inocencia para todos ellos. El primer edil, como ya avanzó este diario, recibió el informe de Intervención en el que se citaban las irregularidades y consideró que como presidente de la Corporación debía trasladarlas al juzgado, por lo que figura como denunciante. Cuando el interventor anunció en diciembre esta denuncia el alcalde se pronunció en defensa de los funcionarios en la junta de personal de forma expresa. El alcalde fue testigo de una manifestación de apoyo a los funcionarios señalados por el interventor, improvisada en los pasillos del Ayuntamiento el mismo día que éste anunció que denunciaría.
Solo como ejemplo de las retribuciones que perciben los habilitados nacionales y Técnicos de Administración General -y al margen de la denuncia - se puede citar la aprobación por parte del equipo de gobierno del PP en junta de gobierno, como publicó INFORMACIÓN, la retribución de los servicios extraordinarios de los funcionarios ahora citados a declarar para organizar la convocatoria de los comicios generales y autonómicos del 28 de abril y las municipales y europeas del 26 de mayo de 2019. La oficial mayor percibió por ese concepto 8.996 euros, la secretaria 7.663 euros y el jefe de Personal 3.873, por excesos horarios acumulados durante semanas y cuantificados en horas y minutos. Se trata en este caso de retribuciones ligadas a la administración electoral.
