No hay vuelta atrás. Impedir los desahucios de las 15 familias callosinas que se quedarán en la calle a partir de este próximo mes de marzo parece inviable. En esa fecha comenzarán a efectuarse las primeras actuaciones de desalojo al estar ya ejecutadas dos notificaciones.
Con este exiguo margen de maniobra, los vecinos afectados tomaron la Plaza de España, frente al Consistorio, el pasado viernes para protestar por la falta de soluciones alternativas que eviten las expulsiones de sus domicilios. Los afectados manifestaron su malestar de esta manera después de conocer que las negociaciones entre el Ayuntamiento, la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat y la propia empresa Empire Real State Spain SL (propietaria de las viviendas) han culminado sin acuerdo beneficioso para estas quince familias del municipio, a quienes la ley obligada a abandonar sus hogares.
Para uno de estos vecinos, José Antonio López, se trata de «una situación lamentable que tengo que hacer pasar a mis hijas y pedimos una solución porque somos hijos de Callosa. No nos negamos a pagar, pero necesitamos un trabajo y un alquiler social que podamos mantener», aseguró cabizbajo. Otro miembro de una de las familias damnificadas por los desahucios, José Ramón Fernández, reivindicó la penosa realidad que les toca afrontar, pidiendo al Ayuntamiento que «nos deje vivir y que se tomen otra clase de medidas que no nos condenen a tener que salir de nuestras casas».
Sin acuerdo
Las quince familias afectadas llevan en un sin vivir desde hace dos años, pero han sido estos últimos meses los más angustiosos después de recibir las notificaciones de las ejecuciones de los desahucios, paralizados temporalmente por las negociaciones que, tras fracasar, siguen su curso legal.
El Gobierno municipal, liderado por el PP, se justifica alegando que la situación «viene dada por una decisión del anterior alcalde (del PSOE) y que cuenta con una sentencia judicial», indica la edil de Bienestar Social, Beatriz Mañogil. «Hemos propuesto diversas alternativas a la empresa propietaria de las viviendas, pero todas han sido rechazadas».
Desalojos que se gestaron con un gobierno socialista
El actual equipo de gobierno de Callosa de Segura afronta un desenlace dramático para las 15 familias sobre las que pesa una orden de desahucio que no se ha logrado parar en los últimos cuatro años (con el PSOE, IU y Somos Callosa al frente) y que ahora, además, debe saldar una deuda de más de 170.000 euros «por la gestión de alquiler que se negoció con la antigua CAM y que en 2016 el tripartito dejó de pagar», denuncia el gobierno municipal.
