Conseguir hacer un trámite en el Registro Civil de los juzgados de Orihuela se ha convertido en una cuestión de mucha, mucha paciencia. Cada día más de un centenar de personas hacen largas colas para poder ser atendidos en el Palacio de Justicia de Orihuela y poder realizar trámites como pedir una partida de nacimiento o de defunción, entre otros. A las puertas de los juzgados un reguero de personas, puntuales cada mañana, esperan pacientemente durante horas. El colapso del Registro Civil de Orihuela, donde se atiende a vecinos de la gran mayoría de municipios de la Vega Baja, se debe a la falta de personal, según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Hasta diciembre, la plantilla de trabajadores en el Registro Civil de los juzgados oriolanos era de cuatro personas, pero desde este mes de enero tan solo tres funcionarios atienden el servicio ya que la Conselleria de Justicia ha decidido no renovar el contrato a la persona que estaba de refuerzo, precisamente, para evitar el colapso actual, con decenas de personas esperando también a ser atendidos en el hall del edificio. El sindicato CSIF ha criticado que no se haya prorrogado el contrato del trabajador que venía actuando como refuerzo en un servicio al que los ciudadanos acuden para realizar trámites importantes. Según CSIF, este recorte en materia de personal está provocando que se padezcan tiempos de espera «que no son propios de una Justicia moderna y eficaz».

El sindicato denuncia que se trata de una situación de merma y recorte en personal a nivel autonómico y que ahora afecta específicamente a este servicio. Desde CSIF quieren llamar la atención también sobre la existencia de la reforma de la ley que regula el servicio del Registro Civil, que está aprobada pero que aún no ha entrado en vigor a causa de las protestas de sindicatos y usuarios, y que, según denuncia el sindicato de funcionarios, «pretende que este servicio se deje de prestar de manera gratuita a favor de notarios y registradores». «Ante ello, y en contra de lo que dice la Generalitat de que este servicio va a seguir siendo público, no sabemos si por un lado dicen esto y por otro están actuando a conciencia para que las quejas de los usuarios se multipliquen y acabar privatizándolo», señalan estas mismas fuentes.

Según CSIF, la Generalitat mantiene que el servicio va a seguir siendo gratuito y prestado por funcionarios de Justicia pero, lamentan que, por otro lado, «se ve que lo están desmantelando con medidas como la que ahora afecta a los juzgados de Orihuela».