Nuevo varapalo judicial para el Ayuntamiento de Dolores, herencia de los años del «boom urbanístico». Las arcas municipales tendrán que pagar 1.450.458 euros a una empresa promotora para hacer frente a una nueva sentencia por motivos urbanísticos, la segunda que recibe en unos meses. El consistorio se verá obligado, otra vez, a pactar un crédito adhiriéndose al fondo de impulso económico del Estado, a través del ICO, para hacer frente a esta sentencia judicial.
Será el segundo crédito que tiene que pedir al Estado en solo tres meses ya que el pasado mes de octubre el pleno aprobó la solicitud de otro, que ha sido aprobado, para poder pagar los 1,8 millones de euros que le reclama una sentencia tras la demanda de una empresa inmobiliaria por el campo de golf, que empezará a pagar en marzo por un periodo de 10 años. Ambas sentencias suponen el pago por parte del consistorio dolorense de casi 3,3 millones de euros, que equivalen al 75% de su presupuesto, que es de 4,5 millones, en este municipio de 7.000 habitantes.
La última sentencia supone el pago a la empresa Promokey de 1,4 millones de euros por la aprobación en 2005 del proyecto de reparcelación del Sector 3 situado en la salida del municipio hacia San Fulgencio. El Ayuntamiento de Dolores acaba de recibir el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche que le requiere la liquidación de las cantidades señaladas para cumplir el fallo judicial. El TSJCV ya dio la razón al demandante en una sentencia fechada el 18 de octubre de 2012, ante los recursos presentados al proyecto de reparcelación del sector 3. La denuncia de la mercantil se basaba, fundamentalmente, en que en base de la entonces vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) iban a hacer frente a los costes de urbanización -la construcción de viales e infraestructuras- del plan en metálico y no cediendo terrenos. A este acuerdo, pagar en metálico, según la sentencia, llegó la empresa demandante con la elegida como agente urbanizador, Villas Turísticas de Torrevieja SL y Jardinería, Obras y Servicios Torrevieja SL.
Sin embargo, la reparcelación del sector 3 se aprobó con una modificación municipal que dio lugar a las demandas porque obligaba a las mercantiles a aportar terrenos para hacer frente a los gastos de urbanización. Antes de presentar las acciones judiciales, un decreto de alcaldía de 2005 -siendo alcalde entonces el popular Gabriel Gascón- desestimó los recursos de reposición presentados por el afectado por acuerdo de reparcelación del sector 3. La sentencia obligaba a devolver los dos solares, pero estos se habían vendido, por lo que el juzgado, como responsable civil subsidiario, reclamó al Ayuntamiento que le diera al demandante dos solares en la zona. Sin embargo, el consistorio, al no disponer de suelo en el sector 3, ofreció otros dos solares en otras partes del municipio, que no aceptó la empresa demandante (y que el juzgado recuerda que no tiene obligación de aceptar si no constituyen el objeto de lo acordado). Así que por providencia en marzo del pasado año, se acordó el cumplimiento de la ejecución por indemnización, que se ha establecido en 1.450.458 euros.
Consternado
El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, se muestra consternado por este nuevo varapalo judicial herencia del gobierno del PP. «El Ayuntamiento no tiene dinero, ahora que estábamos recuperando la salud económica del consistorio, nos vienen estas dos sentencias judiciales que han roto todo», lamentó, y anunció a este diario que «vamos a pedir otro crédito al Estado, pero esto va a suponer un importante plan de ajuste en todo, es un desastre». Y se preguntó «hasta qué punto la ciudadanía tiene que pagar esto por una imprudencia del anterior alcalde de no aceptar el aval». «Estoy cansado de gestionar las deudas del PP», señaló.
Hernández señala que no será la última sentencia condenatoria que obligue a pagar una importante cantidad al Ayuntamiento, ya que se espera otros cerca de 1,5 millones de euros por una demanda igual de la misma empresa, en este caso del sector 4. En este caso el demandante ya ha ganado hasta tres sentencias y se espera otro fallo judicial pronto. «Cuando llegue esa, ni con todo el presupuesto de un año pagaríamos las sentencias condenatorias fruto de la irresponsabilidad de quien gobernaba en 2005», indicó Joaquín Hernández.
