En el año de 1264 Jaime I, mediante privilegio otorgado el 11 de abril, mandó traducir Los Fueros, del latín a la lengua que comprendiesen los habitantes del territorio que gobernaba, que era el romance vulgar. Para un mayor entendimiento y comprensión de toda la ciudadanía y de no discriminación de la misma por motivos lingüísticos, llegó a ordenar que los juicios orales, las sentencias y las recetas de médicos y cirujanos se extendiesen en «vulgar». Todo un alarde de integración y no imposición de lengua alguna a quienes no la hablaban. Qué lejos queda aquel tiempo. Justo todo lo contrario de lo que se pretende hacer en y con la enseñanza en la Comunidad Valenciana.

Señores: en las zonas castellano-hablantes, no se repudia, ni se odia, ni se rechaza el valenciano, salvo que, como en caso que nos ocupa, se obligue -sí, se obligue-, a nuestros hijos a estudiar en valenciano y no el valenciano. Imaginemos un alumno que no habla valenciano, que tampoco domina el inglés, tomando clases de matemáticas en esas lenguas, desde luego que poco o nada va a entender de la materia.

El Estatuto de Autonomía, artículo 6.7º. determina que por Ley se delimitaran los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan quedar exceptuados, diferenciando entre la enseñanza y entre el uso de la legua propia de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, según la propia Ley 4/2018, obligatoriamente se imponen 25% de horas lectivas de contenidos curriculares en valenciano (incluso hasta un 50%, según el artículo 11.a), entre un 15 y un 25% en lengua extrajera y un 25% en castellano. Si se hace la ecuación: 25% valenciano, 25% castellano y 25% lengua extranjera ¿el resto, el otro 25%, en qué se va a impartir?, la respuesta es obvia.

Y si el Estatuto contempla la excepción del uso de la lengua valenciana y de la enseñanza ¿por qué lo imponen en educación?, ¿dónde queda la no discriminación por razones de lengua?, ¿dónde queda el derecho de padres a elegir el modelo educativo que entiendan más beneficioso para sus hijos?

Estamos ante una invasión e injerencia en los derechos fundamentales de las personas (así lo ha dicho reiteradas veces el TSJCV), más que por una cuestión meramente pedagógica, por una cuestión ideológica (sabemos que detrás de todo esto andan los delirios pancatalanalistas de algunos) y que lo que interesa, ya no es la educación de los alumnos, sino la imposición de una lengua cuando realmente tenemos derecho conocerla, no una obligación (artículo 6.2 del Estatuto).

Dejen que el idioma no sea fuente de conflictos, fomenten el aprendizaje del valenciano para aquellos que así lo quieran y conseguirán que la lengua sea un vehículo de integración y vertebración territorial y dejen a los ciudadanos elegir en qué lengua han de ser educados sus hijos y qué lengua aprender, o no, para su acervo cultural; pues de lo contrario sólo están generando rechazo a ésta histórica lengua digna de toda protección, difusión y conocimiento.

Y es que, una cosa es promover, enseñar y querer al valenciano y otra, bien distinta, imponer su conocimiento y dominio.